A partir de los seis meses de trabajo de la comisión, el legislador enumeró cinco grandes conclusiones.
1. El contrato pudo haberse detenido antes
La primera conclusión del Frente Amplio es que el actual gobierno actuó correctamente al rescindir el contrato, evitando que se continuaran desembolsando más de 53 millones de euros luego de detectarse las irregularidades.
Para Garlo, la decisión también demuestra que el Estado disponía de herramientas jurídicas e institucionales para detectar los problemas y detener el proceso con anterioridad.
La diferencia, según el legislador, es que esos mecanismos no fueron utilizados de manera adecuada durante el gobierno anterior.
2. Cardama incumplió, pero necesitó de funcionarios públicos
El segundo punto señalado por Garlo apunta directamente a la empresa. Según sostuvo, Cardama incumplió sistemáticamente sus obligaciones y eventualmente pudo haber actuado de mala fe.
Sin embargo, remarcó que las maniobras de la compañía no podrían haberse concretado sin la participación, por acción u omisión, de funcionarios públicos.
El diputado cuestionó que se haya aceptado documentación falsa, que no se realizaran los controles correspondientes y que se admitieran garantías vinculadas a empresas que, según la investigación, ni siquiera existían.
“Las maniobras desarrolladas por Cardama no habrían sido posibles” sin funcionarios que no realizaran las diligencias necesarias, sostuvo.
3. Se redujeron las exigencias técnicas
El tercer elemento identificado por la bancada frenteamplista está relacionado con el proceso de contratación.
Garlo afirmó que durante el gobierno anterior el Ministerio de Defensa redujo las exigencias técnicas previstas originalmente en el pliego de la compra de 2022.
Según explicó, esa modificación está directamente vinculada con la oferta presentada por Cardama en abril de 2023.
Para el diputado, este cambio forma parte de los elementos que deben ser analizados para comprender cómo la empresa terminó accediendo al proceso de adquisición de las patrulleras.
4. Las prórrogas permitieron presentar la garantía cuestionada
El cuarto punto se concentra en las garantías y en las sucesivas prórrogas concedidas a Cardama.
Garlo sostuvo que esas extensiones fueron determinantes porque permitieron que la empresa presentara posteriormente la documentación que terminó siendo cuestionada.
“Sin esas prórrogas, Cardama no podría haber presentado la garantía trucha”, afirmó.
Según su reconstrucción, esas decisiones hicieron posible que se efectuara el primer pago de 16 millones de euros y que el contrato entrara en vigencia.
El legislador también cuestionó la falta de registros administrativos sobre este proceso. Aseguró que en el expediente de Cardama no existe documentación que permita reconstruir el recorrido de las garantías ni las sucesivas prórrogas otorgadas por el Ministerio de Defensa.
5. Pagos autorizados pese a las irregularidades
El quinto punto refiere a hechos que, según Garlo, presentan apariencia delictiva y deberían ser investigados por la Fiscalía.
Uno de los episodios señalados es el primer pago de 16 millones de euros. El diputado afirmó que se autorizó el desembolso sin que el Ministerio de Defensa hubiera realizado el análisis de la documentación correspondiente.
Garlo mencionó un informe firmado por el entonces ministro de Defensa, Javier García, en el que se establecía que, luego de analizar la documentación, debía procederse al pago. Sin embargo, aseguró que ese análisis nunca se realizó y que la documentación ni siquiera estuvo a disposición del ministerio.
También cuestionó el denominado “hito B”, cuyo pago superó los ocho millones de euros y fue dispuesto apenas dos días antes de la asunción del gobierno del Frente Amplio.
Según relató, la documentación llegó a la Armada el mismo día en que se autorizó el pago, con una diferencia de aproximadamente cuatro horas. Además, estaba en inglés, no había sido traducida, era de carácter técnico y no estaba apostillada.
Para Garlo, se trata de una “irregularidad grave” que debe ser investigada.
Garlo: “Nosotros denunciamos hechos, no personas”
El diputado realizó una precisión sobre el alcance de las conclusiones frenteamplistas. Aseguró que la intención es que la Fiscalía investigue hechos concretos respaldados por documentación y no formular una acusación directa contra personas determinadas.
“Nosotros denunciamos hechos, no personas”, enfatizó.
Según explicó, corresponde al Ministerio Público determinar si esos hechos configuran delitos y si existen responsabilidades penales de particulares o funcionarios públicos, tanto nacionales como extranjeros.
El señalamiento político a Lacalle Pou
En el plano político, Garlo sostuvo que las responsabilidades no se agotan en los exministros de Defensa ni en los jerarcas que participaron directamente del proceso.
El diputado afirmó que las actas de la comisión contienen declaraciones de los exministros Javier García y Armando Castaingdebat en las que se establece una responsabilidad política que, en última instancia, alcanza al entonces presidente Luis Lacalle Pou.
Garlo diferenció, no obstante, la responsabilidad política de la penal. Mientras la primera será parte del debate parlamentario y, en última instancia, quedará sujeta al juicio de la ciudadanía, la determinación de eventuales delitos corresponde a la Justicia.
“Es el pueblo el que establece la responsabilidad política de sus representantes”, sostuvo.
En materia penal, agregó, será la Fiscalía la que deberá investigar los hechos y determinar si corresponde ejercer la acción penal. La última palabra sobre la existencia de responsabilidades efectivas, remarcó, será del Poder Judicial.
