La denuncia cita los incendios en la región amazónica, que este año generaron la primera gran crisis internacional del Gobierno de Bolsonaro, así como la presión de la agricultura y la ganadería, la minería ilegal o la explotación de manera.
Según el texto, estas actividades ejercen un gran impacto sobre la selva y los pueblos que la habitan y «ahora están siendo estimuladas o negligenciadas en su potencial de degradación».
«Los jefes de Estado y de Gobierno tienen, ante el derecho internacional, el deber de cohibir crímenes y proteger poblaciones vulnerables (…) por su gravedad, los crímenes bajo jurisdicción del TPI no prescriben; aunque su mandato haya terminado Bolsonaro estará sujeto a castigo por parte del tribunal», recuerda la denuncia.
La denuncia se presentó a la procuradora jefe del tribunal, Fatou Bensouda, quien ahora deberá solicitar informaciones a los Estados, órganos de las Naciones Unidas, organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales y otras fuentes que considere relevantes.
Después, podrá presentar una petición de autorización de investigación a la Cámara de Cuestiones Preliminares, ligada al tribunal.
El TPI, también conocido como tribunal de la Haya, procesa y juzga a individuos acusados de delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y delitos de agresión.
Brasil apoyó la creación de esta corte a través del Estatuto de Roma, adoptado en 1998 al considerar que una corte penal «eficiente, imparcial e independiente» representaría un gran avance en la lucha contra la impunidad de los delitos internacionales más graves, según destaca la Cancillería en su página web.
