El expresidente sostiene que es inocente argumentando que fue vinculado al caso por 6.000 dólares que ingresaron a su cuenta bancaria y que alega eran de un préstamo de un fondo de su partido. Las penas por peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito son imprescriptibles en Ecuador.
La justicia ordenó a la Policía la «inmediata localización y captura» del exgobernante socialista, quien vive en Bélgica —de donde es su esposa— desde que dejó el poder en mayo de 2017 tras el triunfo electoral de Lenín Moreno, su exaliado. También estableció que el Ministerio de Finanzas suspenda el sueldo vitalicio de unos 4.200 dólares mensuales que recibía Correa como expresidente, que pierde al ser condenado por corrupción.
La resolución judicial además comunica al CNE sobre la pérdida de los derechos políticos del exgobernante, quien, según la Constitución, quedaría inhabilitado para los comicios por ser sentenciado por cohecho.
«Sí, fuimos notificados» con la resolución judicial, dijo a la AFP el abogado de
Correa, Fausto Jarrín. «Nos estamos enfrentando a un proceso de venganza a través de la función judicial», agregó, en momentos en que el exmandatario sostiene ser un perseguido político de Moreno, con quien mantiene una pugna que debilitó al oficialismo, en el gobierno desde 2017.
Moreno, exvicepresidente de Correa entre 2007 y 2013, promovió en su administración reformas para prohibir la reelección por más de una vez, con lo que se empezó a cerrar el camino de regreso al poder para su antecesor.
«La sola mención de la posibilidad de que él (Correa) sea candidato genera este tipo de reacciones en toda la institucionalidad del Estado», señaló Jarrín. Sobre Correa, quien dice que afronta una treintena de juicios en Ecuador, pesa otra orden de prisión para ser procesado por el secuestro en Colombia de un opositor ecuatoriano en 2012, delito por el cual no puede ser juzgado en ausencia.
