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Cuando se cumplen seis días de movilizaciones, varias ciudades de este país sudamericano viven momentos de tensión porque en las calles se exige el fin de las reformas tributarias y laborales consideradas neoliberales, mientras el ejecutivo insiste en que no habrá marcha atrás en las disposiciones.En Quito, ante la cercanía de cientos de manifestantes y la llegada de representantes de pueblos y nacionalidades indígenas, para sumarse al paro, fue evacuado el Palacio de Carondelet, donde radica la presidencia de la república, que permanece bajo fuerte custodia de las Fuerzas Armadas. Al mismo tiempo, el dignatario, Lenín Moreno, decidió trasladar la sede del gobierno para Guayaquil, donde también se llevan a cabo marchas desde el pasado 3 de octubre, cuando entró en vigencia, por decreto, la eliminación del subsidio a la gasolina extra y el diésel, una de las medidas más rechazadas por la población.
En medio de un Estado de Excepción nacional, declarado por el mandatario por 60 días y limitado a 30 por la Corte Constitucional, los movilizados insisten en permanecer en las calles hasta la derogación de la disposición de liberar los precios de los combustibles, que ya provocó alzas en las tarifas del transporte público y en alimentos de la canasta básica.
Las protestas han estado marcadas por represión policial, denunciada en las redes sociales por organizaciones y personas allegadas a las víctimas.