“Nos enteramos por la prensa, es una novedad muy significativa y apelamos a que se abra un espacio de diálogo político con toda la información arriba de la mesa” para comprender la lógica de la cancillería “y en última instancia poder reorientar una definición que a priori con los elementos que tenemos no nos parece adecuado”, señaló en su rol de dirigente sectorial.
El trasfondo
Lo que sí fue parte del análisis de la Carifa es el contexto en el que se dan las conversaciones. “Estados Unidos tiene en jaque al mundo con una política beligerante sin precedentes” que anunció con la publicación de la Estrategia de Seguridad Nacional en diciembre de 2025 “generando profundas consecuencias humanitarias en distintas partes del globo, también en América Latina”, sostuvo.
“Este contexto no es el adecuado para establecer un acuerdo o un diálogo gubernamental sobre este tema en particular”, enfatizó. “La decisión debería pasar por otros espacios de análisis político dentro del gobierno y de la fuerza política”, subrayó. Hay que valorar “la guerra arancelaria” que representa “una amenaza para los países de la región”, evaluó.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) “inició un proceso brutal con condiciones de extrema violencia” hacia los procesos migratorios “que ocurren justamente en su país", señaló. Según datos públicos de la propia administración de Trump “se sabe que en el año 2025 más de 400 mil personas han sido deportadas y en situaciones terribles” según lo que consta en las instancias de observación “de las propias Naciones Unidas”, agregó.
Además, Estados Unidos mantiene “una política injerencista en los procesos electorales de la región”, analizó. “No se puede perder de vista lo que fue la invasión a Venezuela el pasado 3 de enero, las amenazas contra Cuba y el recrudecimiento del bloqueo en los últimos dos meses”, cuestionó. Las dos órdenes ejecutivas recientemente adoptadas “hacen del cerco petrolero contra Cuba una situación de inminente crisis humanitaria”, denunció.
Reacciones
En paralelo el dirigente del Nuevo Espacio, Ismael Blanco, se refirió al canciller Mario Lubetkin en Legítima Mañana el pasado viernes donde señaló que “no resiste este tipo de decisiones” y que “debería ser reemplazado”. Consultado sobre estas afirmaciones Pons señaló que dentro del Partido Comunista no manejan “ese extremo”.
Sin embargo coincidió en que “hay una consecución de definiciones adoptadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores que son muy preocupantes”. Desde “las dificultades para poder manejarse con precisión y claridad sobre las atrocidades cometidas por el Estado de Israel contra el pueblo palestino” en el curso de “este genocidio que no admite dos lecturas”, ejemplificó.
Por otro lado, “está la falta de claridad a la hora de condenar o distanciarse oportunamente sobre la política beligerante de Estados Unidos”, agregó. También está la visita del embajador Daniel Castillos a la conferencia “contra la llamada extrema izquierda” que dirigió el secretario de Estado Marcos Rubio “quien es el portavoz por excelencia del odio, la guerra y el sufrimiento de los pueblos”, señaló.
Estas definiciones “lejos de hacernos sentir identificados con las decisiones, nos hacen posicionarnos desde un lugar muy distante y con diferencias profundas”, sentenció.
Por otro lado el viernes a la noche en Legítima Defensa la directora del Área de Migraciones del Ministerio de Desarrollo Social, Valeria España señaló que en el gobierno "la discusión está en ciernes, pero no hay nada definido". En ese sentido, señaló que cualquier iniciativa de esa naturaleza debería ser evaluada por la Junta Nacional de Migraciones, integrada por organismos públicos y representantes de la sociedad civil a través del Consejo Consultivo Asesor de Migración.
Voto secreto en Asambleas internacionales
A fines de julio Caras y Caretas dió a conocer que el Estado uruguayo fue parte de la Asamblea de Estados Parte de la Corte Penal Internacional, en una sesión extraordinaria que fue convocada para evaluar al jefe de la Fiscalía, Karim Khan, por una denuncia de acoso sexual laboral. En esa instancia final del proceso disciplinario del fiscal Khan se entendió que cometió una falta grave de conducta, y por lo tanto fue removido del cargo de confianza. Caras y Caretas consultó a Cancillería sobre cuál fue el voto del gobierno uruguayo en esa instancia, a lo que fuente de la cartera respondieron que la sesión era secreta. La sesión plenaria efectivamente fue secreta, sin embargo varios países anunciaron públicamente su voto previo a la sesión.
Consultado sobre esta decisión Pons resaltó que “una política pública relativa a la política exterior de Uruguay, no debería manejar información secreta”. En este caso sucede en un contexto donde “el país participa de espacios multilaterales” del Estatuto de Roma y “cuando se toma una posición con convicción no se debería tener ningún reparo para hacerla pública”, concluyó.
