Lo peor de todo es que la sentencia obligaba inicialmente al pago de $50 millones, pero las demoras de la Ursec en cumplir con su pago terminaron triplicando ese monto hasta llegar a los $155 millones.
No es difícil imaginar cuánto puede significar la demanda a la que se expone ahora después de este fallo, la que podría ser varias veces millonaria, con el único fin de beneficiar a una empresa respaldada por TCC, el poderoso cableoperador de Montevideo vinculado con Equital S.A, muy vinculados al Partido Nacional y alguno de los círculos más cercanos al presidente Luis Lacalle Pou y algunos socios.
Luego de 2,5 años sin cumplir una sentencia del TCA que anuló su concesión, el 19 de julio de 2022 el gobierno revocó la licencia otorgada a Visión Canaria, servicio de TV cable en La Paz/Las Piedras vinculado a TCC-Canal 10.
“No es difícil imaginar cuánto puede significar la demanda a la que se expone ahora después de este fallo, la que podría ser varias veces millonaria, con el único fin de beneficiar a una empresa respaldada por TCC, el poderoso cableoperador de Montevideo vinculado con Equital S.A, muy vinculados al Partido Nacional y alguno de los círculos más cercanos al presidente Luis Lacalle Pou y algunos socios.” “No es difícil imaginar cuánto puede significar la demanda a la que se expone ahora después de este fallo, la que podría ser varias veces millonaria, con el único fin de beneficiar a una empresa respaldada por TCC, el poderoso cableoperador de Montevideo vinculado con Equital S.A, muy vinculados al Partido Nacional y alguno de los círculos más cercanos al presidente Luis Lacalle Pou y algunos socios.”
La resolución del gobierno no sólo es tardía, sino que les permite ilegal y arbitrariamente a los mismos dueños, mantener el negocio y seguir cobrando por sus servicios hasta la actualidad ofreciendo promociones por 12 meses, cuando solo tienen una autorización precaria.
Por todo ello, la familia Romay ya pidió la nulidad de la nueva convocatoria, bajo advertencia de que, de no ser así, cerrará su canal de cable e iniciará un nuevo juicio civil contra el Estado.
¿Cómo se gestó esta burda maniobra que acabó costando una cifra millonaria al Estado uruguayo y ahora lo expone a una nueva denuncia penal?
Clarice Romay y Tomás Romay, propietarios de Cable Video Uruguay Limitada, con licencia otorgada para prestar servicio de televisión para abonados en La Paz y Las Piedras, presentaron una denuncia por los daños y perjuicios ocasionados por la habilitación “ilegítima” por parte de Ursec, de otra TV cable en Las Piedras.
Se trata de la empresa VAL SRL, que obtuvo una licencia para prestar servicio de TV Cable en La Paz y Las Piedras en el año 2004, luego de un llamado realizado ese año que exigía que el concesionario debía instalarse en un plazo de 12 meses y, de no hacerlo, se le retiraba la licencia.
Pasaron siete años sin que VAL SRL comenzara siquiera a cablear pensando en comenzar su operatoria, lo que le quitaba toda legitimidad legal de poder hacerlo en el futuro. Sin embargo, y pese a que los informes de Asesoría Letrada de la Ursec informaron de esta irregularidad, las autoridades nunca ordenaron la revocación.
Por este motivo, la familia Romay inició un juicio contra el Estado por los daños y perjuicios que tal omisión les estaba provocando. La sentencia condenatoria del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 14 Turno, cayó el 8 de noviembre de 2013.
El incumplimiento en exigir la revocatoria provocó un nuevo juicio, esta vez ante el Tribunal en lo Contencioso Administrativo que tuvo sentencia en octubre de 2019 y ordenó revocar la licencia de VAL SRL.
Mientras tanto, el juicio civil siguió su curso en otros tribunales que confirmaron la condena, en el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7 Turnos como la sentencia de la casación realizada ante la Suprema Corte de Justicia.
Pese a todos estos fallos judiciales en contra, la Ursec permitió que VAL SRL continúe prestando servicios en La Paz y Las Piedras, con el grave riesgo que ello representaba para el erario público.
No sorprendió a nadie que la sentencia del 16 de junio de 2020 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 14 Turnos, obligara al Estado a pagar la suma de $50.451,158 por la pérdida de abonados sufrida por la empresa denunciante, aumentara en abril de 2022 a $135.294,213 y, finalmente, llegara en julio de 2023 a $155.210,499, los cuales fueron pagados por la Ursec el pasado 10 de julio.
Yo mismo escribí en mayo de 2020 una larga nota editorial exponiendo todos los entretelones de esta arbitrariedad que un mes después justificara esta sentencia de la justicia, en la órbita civil que hoy debe ejecutarse en perjuicio del Estado.
Este monto seguirá creciendo porque VAL sigue prestando sus servicios, amparado por el Estado y obteniendo ganancias en La Paz y Las Piedras, mientras el contribuyente paga los errores de las autoridades que han sido advertidas en forma reiterada y que persisten en su inconducta.
El beneficio obtenido del Estado “amigo”, le permitió a VAL SRL no sólo seguir prestando servicios sino además lograr valiosas ganancias con promociones especiales para ver el Mundial de Qatar 2022, ofreciendo promociones por 12 meses cuando sólo cuenta con una autorización provisoria para operar.
La empresa denunciante rechazó el nuevo llamado realizado por la Ursec con el convencimiento de que “sólo pretende regularizar la presencia” de la empresa denunciada como ilegítima. Y adelantó que promoverá una nueva denuncia por el prolongado incumplimiento de la sentencia del Tribunal en lo Contencioso Administrativo y la pérdida de abonados sufrida en consecuencia.
La nueva convocatoria parece armada en bandeja para VAL SRL, porque ya cuenta con la infraestructura instalada y con una cantidad importante de abonados como para ser la única interesada en presentarse. No es un dato menor decir que hace 20 años que no se realiza un llamado de estas características.
Por todo esto, la familia Romay solicitó que se deje sin efecto la convocatoria, o bien que se les autorice a cerrar su empresa con la consecuente pérdida de fuentes de trabajo que ello implicaría, el consecuente juicio millonario que ya advirtió que realizará al Estado y la eventualidad de una denuncia penal que señalará la responsabilidad del estado en esta ilegalidad que compromete directamente al ministro de Industria y al propio presidente de la República.
