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Hace dos semanas falleció por COVID 19 Matilde, la hija de una gran amiga. Era una muchacha de 27 años con Síndrome de Down a quien su madre describe como “una joven bella por dentro y por fuera, llena de amor”.
La muerte de Matilde es una infamia. El Director de su escuela, en la Escuela Experimental de Malvín , Gustavo Alarcón, pidió unos días antes al Ministerio de Salud Pública, que considerara la posibilidad de priorizar la vacunación de una población de riesgo sin haber obtenido respuesta.
Ayer me entero que el maestro Alarcón también murió por COVID 19. Hubo otro chico con Síndrome de Down de 23 años que falleció por Coronavirus y tales tragedias evidencian una injusticia evitable e irreparable.
Sus muertes han evidenciado que hay otros 800 uruguayos que padecen Síndrome de Down y que la Asociación Down ha reclamado infructuosamente se le declare “población de riesgo”.
La respuesta obtenidas es que las personas con Síndrome de Down “serán contempladas dentro de su franja etárea” lo que parece insinuar de que no serán privilegiadas.
Tal desestimación de la aspiración un grupo especialmente vulnerable llama la atención, máxime que hay numerosos estudios científicos que consideran al Síndrome de Down como una patología que aumenta el riesgo, al menos en la población adulta y que debería ser vacunado prioritariamente.
Haré algunas salvedades. La Comisión de Vacunaciones del M.S.P. debe asumir que la vacuna no es un privilegio sino un derecho constitucional y que su distribución debe ser igualitaria, priorizando sólo la situación de vulnerabilidad frente a un problema de salud pública.
Pese a que la propaganda oficial y su prensa presentan la vacunación en Uruguay como un modelo exitoso, el proceso de la vacunación es muy imperfecto porque está fuertemente condicionado por las vacunas que se consiguieron como consecuencia de una pésima y costosa gestión gubernamental y por el ritmo y la frecuencia con que los proveedores las envían a nuestro país.