La postergación del tratamiento de esta reforma es la primera consecuencia legislativa del éxito de la recolección de firmas. Esta administración, que tenía todo preparado para aprobar un texto en un trámite parlamentario rápido este año, luego de utilizar la “comisión de expertos” para pulir las diferencias internas, ahora no avanza porque tiene miedo de recibir en el referéndum una piña de antología, aunque las encuestadoras generosas le ofrezcan números inverosímiles de consuelo. Sin embargo, no se debe olvidar que todo lo que no tienen de popularidad lo tienen de convicción, y que aplacen el tema no significa que lo sepulten. Incluso cuando estén seguros de que hayan alcanzado niveles de rechazo mayoritarios e irreversibles, los herreristas continuarán impulsando proyectos liberales, privatizadores y de ajuste contra la gente, porque, llegado el caso, su objetivo es debilitar el Estado y favorecer a su clase hasta donde alcancen, aun cuando se granjeen varios períodos de ostracismo político a causa de la ferocidad de su programa.
Ahora bien, como no gobierna un partido, sino una coalición en la que todos compiten de forma más o menos expuesta, si fracasa en las urnas la LUC, la bancada oficialista se dividirá entre los que son protagonistas del gobierno y se identifican con Lacalle Pou y los que se saben socios pero no dueños. En este universo, habitado básicamente por colorados y cabildantes, el costo político de lo que se promueva a partir del día después y precise sus votos pasará a ser un asunto crucial. Una reforma de la seguridad social impopular, que arrebate derechos y perjudique a las grandes mayorías, es el tipo de cosas que puede sepultar las aspiraciones de los que lo voten: un yunque atado a las patas en la mitad del mar.
Ya son varias las voces del gobierno que adjudican al referéndum una intención desestabilizante. Sostienen que funcionará como una elección de medio término y que la derogación de la LUC traerá un caos antes de la mitad del mandato, como si el solo hecho de promover esta consulta fuera una subversión de la institucionalidad. Pero no es así: el referéndum solamente se pronunciará sobre un bloque de 135 artículos de una ley muy mala que, en atención a la democracia, no debería haber existido porque claramente se utilizó el instrumento de la urgente consideración previsto en la Constitución más allá de sus cometidos. Pero lo que sí es cierto es que la campaña de recolección de firmas en medio de la pandemia -y, con seguridad, la campaña que se desplegará hacia esta instancia plebiscitaria- ha hecho evidente que no gobiernan en un país desierto, donde no importa lo que opine la multitud. El referéndum los ha obligado, nuevamente, a incurrir en el camino del ocultamiento: como antes ocultaron sus apellidos y pasaron a ser solo un nombre de pila, y luego ocultaron el contenido de su proyecto fundamental, ahora tienen que callarse y postergar sus reformas más ambiciosas, siempre por el mismo motivo: si se difunde el plan, no se los lleva nadie.
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