“Los principales productos beneficiados de esta flexibilización serán aquellos con excesos de azúcares y grasas, en particular los productos lácteos y postres, que muchas veces son publicitados como saludables y con los cuales la industria alimentaria realiza una estrategia de marketing agresiva dirigida a niños y niñas. Esta población (vulnerable) será la principal destinataria de estos cambios, dado que muchos de esos productos dejarán de tener el etiquetado a pesar de seguir siendo igual de perjudiciales para su salud”, advierte la Alianza ENT en un comunicado.
“Dado que el consumo de estos productos con excesos son los principales contribuyentes a la generación de enfermedades no transmisibles (diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, entre otras) necesitamos que autoridades competentes en el tema expliquen a la población cuáles son los fundamentos científicos de estos cambios, cuál es la evaluación realizada sobre el impacto en la salud para establecer esta modificación”.
“También es urgente conocer cómo -desde el próximo lunes- el Ministerio de Salud Pública fiscalizará a las empresas alimentarias en el cumplimiento de esta normativa”, agregan.
La Alianza ENT cuestiona el hecho de que haya sido el Ministerio de Industria y no el de Salud el autor de este cambio en la normativa a pocos días de comenzar la obligación de portar el rotulado.
“Era de esperar que el cambio en una política de salud pública la definiera el Ministerio de Salud Pública basado en información científica, libre de conflictos de interés. Sin embargo, nos vimos sorprendidos cuando el cambio en la normativa es propuesto por el Ministerio de Industria, Energía y Minería”, dice el comunicado.
“Por lo antes mencionado, es debido preguntarse: ¿Quién define la política de salud pública en el Uruguay? ¿La salud es una prioridad? ¿Es más importante que los intereses económicos?”, dice la declaración de la Alianza para el control de las enfermedades no transmisibles.
Por su parte desde el ámbito político también se levantaron voces contra estas modificaciones. Senadores y Diputados que integran la comisión de salud de sus respectivas cámaras, consideran que sería positivo que las autoridades del Poder Ejecutivo brinden información al Parlamento sobre los fundamentos en los que se basaron para las modificaciones.
