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ASOCIARMEGaciela Bianchi y Pedro Bordaberry criticaron al ministro Gabriel Oddone por sus declaraciones sobre las AFAP.
Graciela Bianchi senadora del Partido Nacional.
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Las definiciones del ministro de Economía, Gabriel Oddone, sobre el futuro de las AFAP reavivaron la confrontación política en Uruguay, con cuestionamientos directos desde la oposición, particularmente de Graciela Bianchi y Pedro Bordaberry.
La senadora Bianchi cuestionó duramente al ministro, enmarcando sus definiciones dentro de una lógica política más amplia. A su entender, Oddone estaría condicionado por sectores internos del oficialismo, lo que —según planteó— limitaría su margen de acción. En ese sentido, sugirió que el jerarca enfrenta una disyuntiva entre sostener su cargo o apartarse de lineamientos que considera impuestos.
"Era cuestión de tiempo; yo creí en su gestión y al día de hoy confirme otra vez que si estás en el Frente Amplio debes hacer lo que los sectores radicales y no democráticos mandan. Opción: renunciar, pero el cargo y tal vez futuras aspiraciones presidenciales lo impiden", señaló en X.
Por su parte, Bordaberry reaccionó a una publicación del medio Bloomberg que recogía declaraciones del ministro. En una respuesta pública, el senador afirmó que la interpretación de Oddone “simplemente no es verdad” y planteó una visión alternativa sobre el alcance de la reforma.
Según el dirigente colorado, la propuesta implicaría que el Estado asuma un rol más central en la gestión de los fondos previsionales, incluyendo el control de las cuentas y el vínculo entre trabajadores y jubilados. A su juicio, esto agregaría “otra capa de burocracia” mediante la eventual creación de nuevas estructuras estatales.
Oddone buscó llevar certidumbre al debate al afirmar que las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional no serán eliminadas ni estatizadas. Según explicó, el sistema de ahorro individual se mantendrá dentro de un esquema previsional “multipilar”, donde convivirán distintos componentes —públicos y privados— en la gestión de las jubilaciones.
El ministro fue enfático al descartar cualquier escenario de confiscación de fondos: las cuentas individuales, sostuvo, están “blindadas”. No obstante, adelantó que sí podrían introducirse cambios en la relación comercial entre las administradoras y los afiliados, lo que implica ajustes en el funcionamiento actual del sistema.
El núcleo de la crítica de Bordaberry apunta a las consecuencias institucionales y económicas de los cambios propuestos. Sostiene que una modificación en la arquitectura del sistema previsional podría alterar las “reglas de juego”, afectando la seguridad jurídica y, por extensión, la confianza de inversores y actores económicos.
En esa línea, advirtió que experiencias similares en otros países no han tenido resultados positivos y vinculó la iniciativa con agendas promovidas por sectores sindicales y de izquierda.
