Martín y Noelia, dos de los padres que concurrieron con Ceretta al Juzgado, sostuvieron que el SNIS “está paralizado desde 2020”.
Contaron que en primera instancia, desde el Mides se alegó que la situación se debía a la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19. Sin embargo, pasado más de un año y medio desde el comienzo de la emergencia, la situación se ha mantenido sin modificaciones y no han tenido respuestas al reclamo particular de asistentes personales para los niños con TEA.
Las familias hacen énfasis en la necesidad de contar con dichos asistentes. Señalan que si bien sus hijos son admitidos en las escuelas, en muchos casos -ante la falta de un asistente personal- desde los centros educativos se les termina pidiendo un recorte en los horarios de los niños “por su condición” de hasta tres horas, lo que entre otras cosas complica la logística familiar.
Los padres prefirieron no cargar la responsabilidad por dicha situación a los y las maestras ni a los centros educativos, porque comprenden la sobrecarga que genera en una clase, con aproximadamente 20 niños, atender adecuadamente a un alumno con trastorno del espectro autista. Por esta razón es que solicitan que se otorgue un asistente personal que pueda acompañar al niño en su proceso de aprendizaje y socialización.
Uno de los padres comentó que en agosto de 2020 se contactó con el Mides para intentar resolver el tema. Ante la llamada, desde el ministerio se les aseguró que visitarían a la familia para evaluar la pertinencia de un asistente social en su caso particular. Sin embargo, hasta el momento no han recibido respuesta “por sí o por no, ni ningún llamado” del Mides.
Antes de recurrir a la Clínica del Litigio Estratégico de la Udelar, las familias reclamaron ante la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH).
En esa instancia se generó un protocolo “que está bien en la letra”, pero que es complejo de llevar adelante.
“Sí te aceptan al niño en cualquier parte escolar. Pero llegados al aula, después tenés un recorte de una, dos o tres horas por no tolerar (al niño) o por su condición. Eso también es una discriminación y no es inclusión real”, aseguró una de las madres.
Frente a esta realidad, algunas familias optan por costear desde su propio bolsillo un asistente u otras alternativas para el niño, a pesar de que estaría comprendido en los beneficios del SNIS.
Otros padres contaron que algunas familias no están pudiendo enviar a sus hijos al centro educativo o lo envían una o dos horas a la semana. Por eso entienden que, al no garantizar el asistente personal, se está vulnerando el derecho de los niños a la educación.
