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Gérson Vila, abogado representante de las personas denunciadas por Laura Raffo, candidata a la Intendencia de Montevideo, habló en Legítima Defensa sobre el caso. En esta nota compartimos las afirmaciones más relevantes de su intervención.
Se presentó una denuncia por difamación e injuria, un delito a instancia de parte, es decir, tiene que haber una denuncia. La fiscalía, entonces, tuvo que tomar parte. El fiscal citó a unas 11 personas a la primera instancia indagatoria para la recepción de pruebas a raíz de las denuncias. Pidió, a través de una orden judicial, la pericia de los teléfonos celulares, se los retuvieron con ese fin y a quienes se presentaron el jueves 11 de junio se los devolvieron el mismo día de tarde.
Estas personas fueron las identificadas en primera instancia. Esta es una etapa de indagatoria, cuando el fiscal ve las pruebas decide si continúa con la investigación. «He solicitado que me hagan llegar lo que ellos entendían que era pruebas o tuits que la difamaban. Eso está en la carpeta de investigación. No puedo hablar porque estoy en calidad de abogado, pero no se veían demasiadas cosas para contemplar».
Generalmente estas denuncias quedan en la nada. En el peor escenario la persona solicita una rectificación por el mismo medio por el que fue difamada. «No se está persiguiendo la libertad de expresión. Hubo una denuncia y empezó a actuar la Justicia», Gérson Vila.
En este caso existen dos principios jurídicos que entran en juego: la libertad de expresión y la difamación. Es una línea muy delgada la que separa hasta dónde uno puede expresar lo que quiere y que la otra persona diga «hasta acá llego». Ahí el fiscal entra a analizar.