Dijo que se ha encontrado que “muchas de estas actuaciones se apartaban de la normativa, estaban en contra de la normativa vigente o directamente no había una normativa que habilitaba esas actuaciones”, subrayó.
«Con estas primeras auditorías damos el inicio a un proceso de investigación. El Poder Ejecutivo a partir de hoy avanza con investigaciones administrativas en cada una de esas actuaciones y luego de acuerdo a los elementos que surjan se enviarán a la Justicia lo que corresponda», agregó la ministra.
Estos 12 informes «corresponden a los años 2018 y 2019» y son de los siguientes organismos: Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop), Dirección Nacional de Vivienda (Dinavi), Fondo Nacional de Recursos (FNR), Agencia Nacional de investigación e Innovación (ANII), UruguayXXI, Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircaa), Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (Cudim), Unidad centralizada de Adquisiciones (UCA), Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ), Dirección General de la Granja, Dirección General de Secretaría – Oficina de Víctimas del Terrorismo de Estado (Oavte) y Dirección Nacional de Migración (DNM).