A medida que la administración anterior avanzaba, el compromiso de "consolidación fiscal responsable" perdió su base, evidenciado por el incumplimiento de los pilares de la regla fiscal que sus propios miembros habían promovido. En 2024, se registraron desvíos significativos en el resultado fiscal estructural y un aumento del gasto que no respetó los límites establecidos. Asimismo, la activación de salvaguardas para permitir un mayor endeudamiento demuestra que las normas fueron transgredidas por aquellos que inicialmente las defendieron.
Estos problemas se agravan con la postergación de pagos para 2025 y la manipulación de ingresos, distorsionando así el balance fiscal de 2024 y condicionando la gestión del nuevo gobierno. Este último se enfrenta a un contexto extremadamente complejo para la elaboración de su presupuesto, que debe equilibrar las urgentes necesidades de la población con la imperiosa necesidad de reconstituir el Estado y sus instituciones, además de responder a requerimientos fiscales y dificultades en el panorama internacional.
A pesar de la adversidad, el nuevo gobierno ha demostrado una notable capacidad de negociación dentro del Parlamento, logrando acuerdos que podrían sentar las bases para una gestión más equilibrada y responsable en el futuro. Sin embargo, el éxito dependerá de su habilidad para abordar de manera eficaz los desafíos que se presentan y de su compromiso con el desarrollo de políticas públicas que prioricen el bienestar social, la inversión en los sectores más vulnerables y la sostenibilidad fiscal a largo plazo.
La reciente Rendición de Cuentas no solo pone de relieve la gravedad de la herencia fiscal dejada por la administración anterior, sino que también plantea un llamado urgente a la acción para enfrentar las complejas realidades sociales y económicas de Uruguay. La capacidad de respuesta del gobierno actual será crucial para no solo manejar la crisis fiscal, sino también para garantizar una recuperación sostenible y equitativa que beneficie a toda la población.
