Una cincuentena de familiares de las víctimas ocuparon este martes sus lugares en el teatro universitario de Ocaña para esta audiencia de dos días donde los exmilitares están llamados a "explicarse con claridad, responder preguntas y sobre todo reconocer su responsabilidad viva, frente a las víctimas y el país", según la jueza Catalina Díaz.
"Falsos positivos"
Esta audiencia pública en forma de catarsis es un gran paso para sacar a la luz mediante la JEP -un tribunal especial resultante del histórico Acuerdo de Paz firmado en 2016 con la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)- uno de los más grandes escándalos en la historia reciente del Ejército colombiano: la responsabilidad de las fuerzas armadas en ejecuciones extrajudiciales de civiles con fines políticos, caso conocido como "falsos positivos".
A menudo llorando, las esposas, madres y hermanas de las víctimas se enfrentaron a los ex militares, incluido el general de brigada Paulino Coronado, el oficial de más alto rango que compareció.
"Después de años de silencio y miedo, por fin ha llegado la hora de la verdad para acabar con décadas de impunidad", explicó la JEP en un vídeo mostrado ante el tribunal integrado por cinco magistrados.
"Reconozco y acepto mi responsabilidad como coautor de estos crímenes de guerra", dijo el ex cabo Néstor Gutiérrez, el primero de los soldados en hablar. "Asesinamos a gente inocente (...) Quiero recalcarlo: los que asesinamos eran simples campesinos", admitió, refiriéndose a "la presión del alto mando" y sus "exigencias de resultados".
6.402 civiles fueron ejecutados, según la JEP
Otro acusado, el coronel Rubén Castro, admitió la existencia de una "banda criminal" entre sus hombres "creada con el único fin de aumentar" las pérdidas. Pidió perdón por exigir el asesinato de "buenas personas".
Los imputados especificaron alternativamente las circunstancias en las que asesinaron a estos hombres, en su mayoría de entre 25 y 35 años, campesinos secuestrados o jóvenes engañados con promesas de trabajo. Luego fueron ejecutados en una finca cercana o en los alrededores del cuartel de Ocaña. Una práctica motivada por una "política institucional del Ejército consistente en contar los cadáveres" para inflar sus resultados en la lucha contra la guerrilla, fustigó el juez Díaz que preside la audiencia.
A cambio, los soldados recibieron bonos, permisos, ascensos y medallas, explicó el magistrado.
"Les pido que rehabiliten los nombres de nuestros familiares (…). Eran campesinos que trabajaban honradamente, no delincuentes ni guerrilleros", dijo Eduvina Becerra, compañera de uno de los campesinos asesinados. "El Ejército nos engañó, mataron a nuestros hermanos, a nuestros hijos", denunció Sandra Barbosa, hermana de otra víctima.
Según la JEP, 6.402 civiles fueron ejecutados entre 2002 y 2008 en el país, a cambio de beneficios materiales para los militares. Hasta la fecha, una veintena de ellos han admitido su responsabilidad en estos crímenes.
El entonces presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Militares, el derechista Álvaro Uribe (2002-2008), siempre ha negado una actuación sistemática, hablando de "casos aislados".
