El caso es que los sectores radicalizados de la derecha boliviana invocaron el informe de la OEA para iniciar una asonada con aval militar y policial que finalmente forzó la renuncia de Evo Morales, el 11 de noviembre de 2019, para frenar la escalada de violencia, y su inmediata marcha al exilio, primero en México y luego en Argentina.
La intención de Laborde, autor de la propuesta de investigar el rol que jugó Almagro en la crisis boliviana, es presentarlo antes de fin de año ante la Mesa Directiva del Parlasur para que sea tratado durante enero.
La Mesa Directiva la integran Laborde, como presidente, y cuatro vicepresidentes: Daniel Caggiani (Uruguay), Arlindo Chinaglia (Brasil), Tomás Bittar (Paraguay) y Luis Emilio Rondón (Venezuela).
Laborde añadió que el papel de la OEA en los comicios del año pasado fue “una cosa descarada, sin pies ni cabeza” y reclamó que ese organismo regional admita “el terrible error que cometió para someter a América Latina y al pueblo de Bolivia”.
Considerando que el Parlasur es un organismo regional con representantes electos por el voto popular pero cuyas decisiones no son viculantes, Laborda explicó que “lo que se hará es una investigación y un pedido de explicaciones a la OEA que en todo caso tendrán que llevar ante el organismo los embajadores de cada país miembro”.
No obstante, el legislador regional recordó que las decisiones y sugerencias del Parlasur tienen una incidencia real, como se demostró cuando a sugerencia suya el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia decidió en los días previos de las elecciones del 18 de octubre, que consagraron presidente a Luis Arce con más del 55% de los votos, suspender el sistema de Difusión de Resultados Preliminares (Direpe).
“Esa decisión de suspender el Direpe descomprimió el clima de tensión, por el que se auguraban posibles hechos de violencia, y todos los participantes del comicio esperaron la confirmación de los resultados oficiales”, explicó Laborda.
