En Montevideo, expresó el magistrado, con la implementación del nuevo código procesal se utilizaba también el sistema de grabación y vídeo, pero manteniendo el formato presencial, sin embargo el uso de las videoconferencias ya funcionaba para casos de derecho civil, sobre todo cuando los testimonios a recabar eran a personas, que en su calidad de testigos procedían de lugares lejanos.
En la actualidad, para atender el servicio y al mismo tiempo mantener las medidas de seguridad sanitarias, se propone una expansión de esta modalidad de tal forma que ello no signifique, ni una saturación de los procesos, ni una violación de la legalidad establecida para ello.
Existen de alguna forma algunos inconvenientes técnicos para la generalización de esta modalidad, razón por la cual se proponen algunas alternativas que permitan extender esta modalidad de trabajo sin necesidad de esperar a una homogeneización de las plataformas técnicas de todos los implicados, a saber fiscal y policía.
Para los casos en que los imputados tuvieran eventualmente una sintomatología vinculada al Covid 19, los mismos estarían sede judicial sin que ello signifique la presencia en sala del resto de los involucrados en las audiencias (jueces, policía, fiscal y defensoría)
Los imputados estarían en una sala contigua, a imagen y semejanza de la que ya hoy se utiliza para los testigos reservados o protegidos:»Todos los jueces que estamos interesados en equilibrar (…) todos los jueces somos conscientes de la pandemia, de que formamos parte de un servicio público que no se puede parar, pero tampoco queremos contribuir a ella, estamos tratando de buscar nada más que herramientas y hemos insistido para que la Corte las contemple y los que nos ha llegado es que la Corte estaría dispuesta a analizar todo esto que estamos planteando», agregó el magistrado.
