Para paliar provisoriamente este déficit, el presidente Tabaré Vázquez envió al Parlamento, en octubre de 2016, un proyecto de ley que gravaría las jubilaciones militares mayores a $ 50.000. El impuesto, que se aplicaría mediante franjas, gravando de manera progresiva las jubilaciones más altas, sería “transitorio”, es decir, hasta que se articule una reforma definitiva de la caja, lo que implica una minuciosa elaboración, teniendo en cuenta las particularidades de la misma y la oposición que el intento de reforma ha despertado en las FFAA.
Este impuesto transitorio no solucionaría el problema, ya que con lo recaudado sólo se disminuiría 10% el déficit. Pero lo que ha provocado la alarma de los militares no es este impuesto, sino la intención manifiesta en la reforma proyectada de incrementar las edades de retiro, en la medida que son notoriamente dispares a las que existen entre los civiles y son las que mayor peso ejercen en la financiación de la caja.
En definitiva, se trata de una asignatura pendiente que el Estado deberá asumir como prioridad durante el año entrante.