El mismo artículo determina que «el Decreto Nº 268/008, de 2 de junio de 2008, se considera parte de la presente ley». En ese decreto se entiende que la salud es un derecho fundamental y, en consecuencia, el Estado debe garantizar el acceso a ella. Para eso, a las personas comprendidas en la ley 18.033 (exiliadas, detenidas, despedidas de la actividad privada) se les debe dar un carné de asistencia gratuita.
Crysol denuncia que la Auditoría Interna de la Nación no reconoce el Decreto 268/2008 como parte de la ley 18.596. En consecuencia, la obtención del carné de asistencia gratuita no se está expidiendo, el acceso a los servicios se ve afectado, hay «atraso en los pagos a proveedores y a la Cooperativa de Atención Psiquiátrica» y aumento de «requisitos administrativos».
La asociación asegura que este proyecto de ley es relevante porque el artículo 10 tal como está ahora ha tenido «una lectura equivocada» que ha derivado en la falta de acceso de los potenciales beneficiarios. Esperan que el proyecto con la modificación interpretativa se apruebe «a la mayor brevedad» para que «todos los ex presos políticos, exiliados y clandestinos, sus hijos y sus nietos» tengan garantizado el acceso a la salud.
