Este inciso «otorga un poder legal de censura a los actores del sector privado, sin intervención judicial, y abre un campo propicio para la creación de una industria de la eliminación de información, no sólo para casos que podrían ser excepcionales y que ameritan una solución, sino para casos que puedan implicar informaciones sobre personas públicas, actuación del gobierno o relevantes en general para la sociedad», aseguró Lanza.
En segundo lugar Lanza se refirió a una serie de artículos vinculados a la «protesta social». En particular, mencionó el 448, que declara «ilegítimos los piquetes realizados en espacios púbicos o privados que afecten la libre circulación de personas, bienes o servicios», el 449, que faculta el uso de la «fuerza pública para disolver los piquetes» y por último, el 450, que apunta que «la intervención de la autoridad competente se efectuará a fin de garantizar el derecho a la libre circulación, el orden público y la tranquilidad», y «en caso de hechos de apariencia delictiva, las autoridades actuantes detendrán a los presuntos infractores e informarán de inmediato al Ministerio Público».
Lanza defendió que las protestas constituyen una «vía para defender la democracia y los derechos humanos», son «una forma a través de la cual las personas y la población en general se organizan y expresan sus demandas». En ese sentido, escribió al gobierno que es «de especial preocupación» declarar ilegal cualquier forma de piquete. Si se aprueban estas normas se otorga, por un lado, «una amplísima discrecionalidad a la Policía para declarar ilegales manifestaciones formas de protesta de la más diversa índole, en cualquier espacio», y, por otro lado, «la indeterminación las condiciones que vuelven a un acto ilegal impide a los ciudadanos conocer cuál es la conducta prohibida, lo que se vuelve grave tratándose de una limitación severa a los derechos fundamentales», explicó el experto.
También preocupa a Lanza «la falta de garantías de acceso a la Justicia y debido proceso para declarar y disolver protestas que el Ministerio del Interior clasifique como «piquetes», y sostiene que da al organismo «todas las facultades para declarar ilegal una protesta, sin necesidad de motivar y sin posibilidad para los afectados de impugnar la decisión ante un órgano independiente».
«Algo inadmisible en un Estado de Derecho democrático», sentenció Lanza.
