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La Fiscalía de Bolivia ordenó detener a la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, y sus exministros Arturo Murillo, Yerko Núñez, Álvaro Coímbra, Fernando López y Rodrigo Guzmán, en el marco de la investigación por el caso golpe de Estado de 2019.
De acuerdo con la imputación fiscal existen los suficientes elementos de convicción respecto a la probable participación en los delitos de terrorismo, sedición y conspiración.
La acción contra Áñez fue posterior a órdenes de detención contra exjefes militares y policiales que habrían participado en el derrocamiento del expresidente Evo Morales.
Al ser notificada Áñez se encontraba en el departamento amazónico de Beni, según medios locales.
En la orden no figuraban los excomandantes de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman y Serio Orellana, y de la Policía, Yuri Calderón, citados previamente.
La órdenes de arresto contra figuras del pasado régimen de Áñez se inició a partir de una demanda de la exdiputada del MAS, Lidia Patty.
El exministro Guzmán fue aprehendido en Trinidad y traslado por agentes vestidos de civil al aeropuerto de esa ciudad.
«Cuando llega al aeropuerto recién muestran la orden de aprehensión por caso terrorismo, nunca nos notificaron», relató la esposa de Guzmán.
La Defensoría del Pueblo de Bolivia publicó un informe sobre las masacres de Sacaba y Senkata en el que concluye que el gobierno de Jeaniñe Áñez cometió delitos de lesa humanidad al haber incurrido en “asesinatos de forma sistemática en contra de la población civil”
El informe “Crisis de Estado Violación de los Derechos Humanos en Bolivia Octubre-Diciembre 2019”, describe la vulneración de derechos en hechos violentos.
La intervención de la Policía y las Fuerzas Armadas en Sacaba, Senkata y en barrios de la zona Sur de La Paz, dejó 37 muertos.