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Mundo

El «juego» de Fujimori para dilatar proclamación de Castillo y evadir a la justicia

Mientras el poder judicial peruano analiza el pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori, la excandidata hace un llamado de auditoría internacional para las recientes elecciones, proceso que ya ha sido avalado incluso por la OEA.
29 de junio de 2021 - 09:13

Este 28 de junio, el pleno del Jurado Nacional de Elecciones de Perú (JNE) rechazó diez expedientes más sobre impugnación de votos de la segunda vuelta de elecciones presidenciales, presentados por la candidata de la derecha Keiko Fujimori.

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El JNE consideró infundados los pedidos por no encontrar pruebas sobre supuestas irregularidades. Entretanto, Fujimori pidió al presidente Francisco Sagasti una auditoría internacional para esclarecer lo que señala como “fraude”.

Hasta el momento, ningún organismo observador electoral ha encontrado indicios de irregularidades. Todo lo contrario. La Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá han expresado su confianza en el sistema electoral peruano y en que las votaciones se llevaron a cabo de manera libre y justa.

La posibilidad de un fraude también fue rechazada por las misiones de observadores de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) y la Organización de Estados Americanos (OEA), un hecho que llama particularmente la atención, ya que este organismo -a través de su secretario general Luis Almagro- suele alinearse a las demandas de la derecha.

Los pedidos de impugnación han retrasado la declaración oficial de un ganador por parte de las autoridades electorales y el país sigue sin conocer el nombre de su nuevo mandatario, semanas después de que los ciudadanos acudieran a las urnas para una segunda vuelta presidencial.

Fujimori también lucha por impugnar los resultados en momentos en que enfrenta a la justicia por un caso de presunta corrupción. Es investigada por supuesto lavado de activos por los aportes que habría recibido de la empresa brasileña Odebrecht y de otros empresarios para financiar sus campañas presidenciales de 2006 y 2011.

El fiscal a cargo del caso, José Domingo Pérez, pide 30 años de cárcel en su contra. En caso de ganar los comicios, el proceso en su contra se suspendería y se aplazaría al menos hasta terminar su mandato.

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