Infancia, pobreza y pandemia
En 2020 y 2021 se tomaron medidas de contención de la pobreza a través de incrementos puntuales de transferencias monetarias y entregas de canastas. Concretamente se extendió:
- Un complemento monetario y transitorio de $2.500 (hasta diciembre de presente año) para niños de 0 a 3 años y mujeres embarazadas que reciben AFAM-PE2.
- Un incremento en la Tarjeta Uruguay Social (TUS).
- La creación de un cupón-canasta alimentaria de emergencia (TuApp) que tiene un valor de $1.200.
Estos complementos monetarios frente a una crisis que agudizó significativamente los niveles de pobreza, destacan en el estudio, no fueron de la mano con un aumento de la población destinataria, sino que, por el contrario, en ambos regímenes de asignaciones familiares hay un leve descenso (entre marzo y agosto de 2020), en tanto si hubo un aumento leve de la población destinataria de la TUS.
La opción del gobierno de recortar la inversión en gasto social en este contexto de crisis sanitaria, social y económica, se diferencia del panorama regional e internacional y, afirman las expertas, «contribuyó directamente en el aumento de la pobreza».
En el informe citan un estudio de los economistas Brun y De Rosa en el que aseguran que un incremento de 0,5% del PBI en transferencias monetarias para los sectores de extrema pobreza hubiera evitado el crecimiento de la pobreza en el contexto de la pandemia.
Violencia en la infancia
El informe también ahonda en la violencia. Según el informe del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV), en 2020 atendieron 4.911 situaciones de maltrato y/o abuso sexual. Más de 13 por día. Estos datos tienen subregistro. En general no se denuncia siempre, y la pandemia empeoró esta situación.
El maltrato emocional continúa siendo la forma de violencia con mayor cantidad de registros (34%). Le siguen negligencia con el 26%; maltrato físico y abuso sexual con el 19% cada uno y explotación sexual con un 2%.
Para el Comité de los Derechos del Niño/a «las decisiones del Gobierno no han considerado de forma integral la situación de las infancias y adolescencias y sus derechos: no existieron medidas específicas para prevenir y atender la
violencia contra niñas, niños y adolescentes que se ve agudizada en este contexto particular de aislamiento y de no presencialidad en centros educativos».
Educación
El aislamiento social significó «una restricción importante en los procesos de socialización, juegos y aprendizajes compartidos, además de otros beneficios que brindan las escuelas, al mismo tiempo que los/as expuso a mayor contacto familiar durante un periodo prolongado de tiempo lo cual podría haber dado origen o agravar situaciones de maltrato», aseguran las expertas.
La emergencia sanitaria «agudizó la situación desigual del derecho a la educación en el país», afirman.
Mirada panorámica
En las reflexiones finales las expertas afirman que estamos en un «escenario restrictivo en materia de protección social». Hay un gran «énfasis punitivista» en una coyuntura «que evidencia el persistente incremento de la pobreza, las crecientes expresiones de violencias y la profundización de las dificultades que de manera sostenida viene exponiendo el sistema educativo, en relación a niños, niñas y adolescentes».
«La cuestión de la infancia corre el riesgo de oscilar entre la banalidad y el autoritarismo», finalizan.
Autoría
El informe fue realizado por Ana Laura Cafaro, Carla Calce, Yoana Carballo, Sandra Leopold, Gustavo Machado, Dorelí Pérez y Cecilia Silva. Son integrantes del Área de Estudios sobre Infancia y Adolescencia del Departamento de Trabajo Social, de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República.
