Se están haciendo las primeras imputaciones, pero es fundamental que se avancen en nuevas declaraciones, que ahí es cuando va a empezar a surgir alguna contradicción entre quienes participaron para poder arrojar luz en todo lo que sucedió. Esas contradicciones van a permitir determinar cuál fue el destino que se dio a todo el dinero que participó esta maniobra de lavado de activos y poder afectar otros patrimonios, que eso es lo que va a redundar en mayores posibilidades de cobro para los damnificados.
Todo lo que se pueda embargar por vía penal, eso posteriormente va a ir a la masa concursal a repartir entre todos los damnificados en pie de igualdad.
¿Para vos debería haber imputaciones por asociación para delinquir o el fiscal podría sostener que eran estafas de cada uno de manera autónoma?
Es difícil que se trate de estafas autónomas, no suena nada creíble. Si tú analizas la situación, es notoriamente una asociación para delinquir. Creo que no hay duda con respecto a eso. Con respecto a las imputaciones, esperamos que sea consecuente con todas las personas que participaron. También entendemos que hay muchas personas que se beneficiaron del dinero ilícito y que no van a estar imputadas. Familiares que de repente actuaron en receptación de bienes que compraron a nombre propio o nombres de empresas u otras razones sociales.
Creemos que ya estamos en una situación temporal en la cual es necesario que se abarque la metodología de trabajo a nivel de investigación si se quiere llegar a una robustez de la prueba donde no haya ninguna falla. Pensamos que de repente se podría ir anticipando alguna imputación y esas nuevas imputaciones van a poder reflejar un incremento patrimonial de todos los bienes afectados.
Si bien entendemos que es importante las primeras imputaciones, hace cierto ruido una doble vara, por decirle de alguna forma. Por ejemplo, tenemos el primer tomador de ganado que está con una medida cautelar de privación de libertad, Maximiliano Rodríguez, titular de la empresa Pasfer, cuyos delitos previamente imputados estarían hablando de unos 4 millones de dólares.
Por otro lado, tenemos a Daniela Cabral, directora de Conexión Ganadera, partícipe necesario en toda la dinámica diaria de la empresa. Era tomadora de ganado, titular de 81 cuentas bancarias por las cuales pasó el dinero de los inversores, se estratificó, se desvió a fondos que no eran los legítimos y aun así figurando como partícipe de lavado de activos y como tomadora de ganado, sigue cumpliendo arresto domiciliario. Entonces no entendemos mucho esa doble vara que se está teniendo. En el caso de Daniela Cabral, de forma contractual deberían figurar 29.000 cabezas de ganadería, hay 9.
Y esa doble vara que decís, ¿a qué responde? ¿Por qué se actúa de una manera con Iewdiukow y otra con Cabral?
Realmente no encuentro una justificación como para poder argumentar el arresto domiciliario de Daniela Cabral. Estoy convencido de que la medida cautelar debería ser otra, siendo consecuente con el resto de los directores y con el primer tomador de ganado. Creo que hay que ser consecuente con eso.
Fiscalía está esperando el informe del Ministerio de Ganadería para determinar la diferencia entre ganado declarado y hallado. ¿Crees que el fiscal ya tenía elementos suficientes para imputar a Cabral por lavado de activos?
Exactamente. Yo considero que hay elementos de convicción suficientes como para poder imputarle a Daniela Cabral delito de lavado activo. Es una interpretación personal.
Ese listado que tú estabas haciendo va a ser fundamental porque ahí va a poder determinar qué es lo que existe realmente y lo que debería existir vía contractual. Eso va a poder generar una responsabilidad patrimonial de los tomadores de ganado. Lo mismo que pasó con Maximiliano Rodríguez podría ampliarse al resto de los tomadores ganados. Y ahí va a ser fundamental poder determinar la responsabilidad económica que tuvieron en esta participación.
¿Cómo analizas la cooperación del MGAP y la lentitud para hacer el informe?
No de la forma esperada por los damnificados, ni de la forma esperable por el sistema. Se supone que el Ministerio debe tener conocimiento real de cuál es la situación del ganado declarado en el SNIP.
Que se tomen 15 meses en hacer una investigación suena poco creíble con respecto a esa información que se debería tener casi de forma inmediata. Este oficio que se pidió al Ministerio es fundamental para poder avanzar.
Entonces, cuando hablamos de la lentitud del proceso, esa sensación de ser un proceso lento a nivel de investigación se puede dar por tres; una es por la estructura propia del proceso, otra es por la estrategia de defensa de los acusados y otra es por la dificultad del acceso a nivel público de los organismos de control.
Yo creo que la demora principalmente se está dando por una estrategia de defensa de la familia Carrasco y Basso, estrategia legítima, por supuesto, pero creo que es una dinámica que enlentece el proceso y, sin duda, algo que es una piedra en el zapato es el acceso a la información pública. Esas son las dos cuestiones principales.
Considero que la investigación es buena, pero necesita el fiscal Enrique Rodríguez el apoyo de recursos materiales y de recursos económicos acordes al volumen de la estafa que se está marcando. No puede ser que se tenga un apoyo técnico contable, que estuvo cuestionado hace unos meses con respecto al volumen de horas destinado. Debería tener un equipo de contadores de forma permanente a disposición para la investigación. Entonces, que todo el análisis forense, las transacciones económicas pasen por una persona que está en un volumen de horas limitado a la semana creo que deja en evidencia una falencia institucional, más allá de la buena disponibilidad que tenga el fiscal para avanzar.
Existieron movimientos de dinero que hicieron Ana Iewdiukow y Daniela Cabral con cuentas que no estaban embargadas. ¿Cómo viste el proceder de Fiscalía sobre esas irregularidades durante el proceso de la investigación?
Yo creo que en el caso de Ana Iewdiukow, cuando se tuvo conocimiento de un intento de transferir dinero, automáticamente se cambió la medida cautelar de la prisión domiciliaria a preventiva. Cuando se tuvo conocimiento fehaciente de esa situación, automáticamente cambió esa medida, lo cual es totalmente meritorio, porque estaban más allá de haciendo un análisis forense de todas las transacciones que se hicieron, estaban observando qué era lo que estaba pasando, detectaron algo que transcurrió contemporáneamente la investigación y automáticamente se actuó en consecuencia. Entonces creo que el trabajo está siendo correcto.
Pero el volumen de información que hay es sin precedentes en la historia, no sólo por el tiempo que duró, por la cantidad de empresas asociadas a este conjunto económico, sino además por las personas involucradas. Entonces creo que el sistema judicial debería replantear esta metodología de trabajo, no sólo para que no se repita, sino para estar atento a cuáles son los controles en tiempo real que se deben hacer. Realmente es un volumen de información impresionante.
Con respecto al activo que se pudo recuperar. Ahora el síndico está esperando que los damnificados lleguen a un nivel de acuerdo de un 85%. ¿Cómo viene la adhesión al acuerdo en los dos grupos de ahorristas?
Cada uno tiene que llegar, no al 85% de damnificados, sino del capital. Las primeras referencias que están dando los distintos grupos de abogados indican que se estaría por alcanzar. Obviamente estamos en fecha, todavía faltan unos días más. Se puso como una fecha tentativa la del 8 de mayo, para poder presentar todas las adhesiones y ahí contrastarlo con lo que representa en el capital y ver si se llega o no.
Es una situación bastante delicada porque, si bien en cualquier tipo de acuerdo hay concesiones recíprocas que se dan, la situación personal de cada damnificado va a poder determinar el convencimiento por adherir a esto. Entendemos que quienes voten por la adhesión tienen sus fundamentos válidos, y los mismos, quienes no consideren que es oportuno. Va en una decisión tan íntima que hay que entrar a cada realidad del damnificado para poder entender su situación.
Con respecto a este primer acuerdo, es cómo repartir los primeros 35 millones de dólares. Si bien el dinero que se pudo recaudar con los remates llega a 50 millones de dólares, a los cuales hay que restar deudas concursales y costos a cubrir, de eso quedaría un saldo de 35 millones de euros.
Más allá de la discusión puntual con respecto al acuerdo que se está haciendo ahora, es con respecto a la titularidad del ganado que efectivamente se vendió, no el que debería tener cada inversor que realizó el contrato.
Esto creo que va a ser un antes y un después, porque va a dar por concluida una etapa. Entonces, bueno, esta etapa concursal quedará saneada. Que este acuerdo, es importante aclararlo, no va a dejar al margen las impugnaciones que se puedan dar con respecto a la formalidad que cada uno tuvo para verificar su crédito. Eso es importante.
Con este acuerdo el fin no es tapar falencias formales de quienes se presentan al crédito. Una vez que se termine esto, yo creo que es importante destinar los esfuerzos a colaborar en la investigación penal. Este dinero está asegurado, es necesario que vuelva de forma rápida a los damnificados y poder dedicar el esfuerzo de investigación a materia penal. Eso es lo que para nosotros siempre fue fundamental y siempre pensamos que por ahí puede hacerse una diferencia con respecto a las perspectivas de cobro. Tenemos la herencia de Basso, bienes inmuebles, cuentas, patrimonio de personas vinculadas a la empresa, patrimonios de los empleados, mandos medios, gerentes.
Creo que una vez que se pueda identificar de forma fehaciente cuál fue la trazabilidad de ese dinero, el origen y cuál fue el destino, una vez que se logren esas afectaciones patrimoniales y volver a realizar embargos y remates posteriores, creo que ahí sí va a ser la diferencia con respecto al cobro que cada damnificado pueda tener.
¿Cómo ha sido el proceso de sintetizar las demandas de cada uno y mantenerse unidos? ¿Ha habido ciertos cortocircuitos en este tiempo?
En realidad, cortocircuito capaz que es un poco grande para lo que pasó. Simplemente el grupo siempre estuvo abierto a poder interpretar las realidades de cada uno, los puntos de vista, y en función de esa diferencia de puntos de vista, también sirvió para poder entender la realidad de lo que estaba pasando, porque a veces en una primera interpretación faltaban argumentos.
Entonces, ese debate que se dio siempre fue constructivo y la relación en todos los grupos que hay es buena, más allá de las discusiones momentáneas que se puedan dar. Pero es un grupo en el que algo que hay que rescatar es el valor humano de todos ellos. El trabajo que se está haciendo es espectacular.
Con respecto a la herencia de Basso, su familia reclama el préstamo al frigorífico Casa Blanca. ¿Para vos ese dinero debería ir al concurso?
Yo pienso que sí, es muy difícil poder demostrar la ilicitud de tus bienes cuando todo se actúa en función de una estafa.
Sobre el dinero en el exterior, se hicieron exhortos. ¿Tuvieron novedades?
Hay varias situaciones. En primer lugar, en reuniones que tuvimos con el fiscal nos enteramos de que el exhorto que se había hecho a Estados Unidos estaba demorado por cuestiones presupuestales con respecto a la traducción. Entonces suena poco creíble que una investigación de este tamaño esté limitada en función de la existencia de un traductor público.
Llegó información del exterior, se hicieron investigaciones particulares también, en las cuales se arrojaron buenos resultados. Se está esperando el petitorio internacional, hay una alerta, Interpol que está esperando el resultado. Creemos que va a haber mucho material para poder procesar desde allí y va a dejar en evidencia desde cuándo el espíritu de los hoy imputados fue beneficiarse del ilícito. Creo que ahí va a haber un elemento fundamental.
El informe de la Senaclaft fue clave para evidenciar cómo hace cinco años los directores de Conexión Ganadera comenzaron a vaciar las cuentas de la empresa. Sin embargo, pagaron las obligaciones por lo menos hasta 2024. ¿Para vos amerita que se investigue un presunto sistema de lavado de activos paralelo al negocio ganadero?
Por supuesto, sin duda. Si tú observas el mapa de razones jurídicas que ellos establecieron, es la metodología perfecta del lavado de activos, donde hay un sinnúmero de razones sociales, en las cuales existía traslado de dinero notoriamente, que no estaba destinado al objeto del contrato que hacía el damnificado, y generaron un montón de empresas donde desde sus cuentas personales existían transacciones de ida y vuelta. Generaron empresas constructoras, estaban vinculadas empresas cambiarias, frigoríficos, tomadores de ganado, incremento de costos de raciones, pero sin embargo se hacían transferencias para justificar gastos de sanidad.
Entonces creo que hay un montón de cuestiones a replantearse con respecto al control que se debe hacer ante estas empresas grandes. Pasa que uno, como ciudadano de a pie, quiere hacer alguna transacción y automáticamente los controles caen de forma inmediata para ver el origen de los pocos miles de dólares que tenés para hacer alguna transacción doméstica o comprar un auto usado. Y ellos movían cientos de millones de dólares de forma periódica y bajo la órbita de la inoperancia de los controles estatales.
¿Qué análisis hacés de la reacción del sistema político ante la estafa privada más grande del país?
Por la cuantía de la suma de las distintas estafas y el objeto que hay detrás, creo que debería ser una cuestión de Estado esto, no solamente por la falta de capacidad del Banco Central sino por la ineficiencia del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Se demostró que los controles fallaron en todos los niveles y considero que, como lo que está en el fondo es la credibilidad, la trazabilidad del ganado no es sólo una estafa entre privados, entre privados puede ser el acuerdo, entre privados es el contrato, pero el objeto es de naturaleza bien pública.
Entonces se está afectando, es una mancha tan grande la que está generando esto con respecto a la trazabilidad y la seriedad de la comercialización del ganado y los registros del SNIC que debería tener otra participación el sistema político.
Sería muy injusto poder atribuir a una administración específica ya que esto trasciende todo el sistema, porque más allá de quién esté a cargo momentáneamente de la representación del ministerio, dejó en evidencia una falla institucional y eso involucra a todo el sistema político, no a un partido.
¿Cómo has visto la actuación de la DGI y el BCU tras el inicio de la investigación?
Una vez que se decreta el concurso, DGI presenta de forma tardía la verificación de un crédito.
¿Cómo tomaron eso?
Pésimo, porque no solo se está reconociendo explícitamente que no se efectuaron los controles que deberían haberse realizado, sino que además se vuelve a perjudicar a los damnificados que no eran quienes tendrían que haber hecho ese aporte. Fue como una doble vulneración de esa situación.
Y con respecto al Banco Central, se decretó una investigación, nadie sabe el contenido, tiene carácter reservado. Se le fue a tomar declaración a Pablo Carrasco a Punta de Rieles y aún el contenido de esa investigación tiene carácter reservado. Entonces no sabemos qué fue lo que sucedió realmente. Han salido comunicaciones en las cuales dejan en evidencia que en el 2018 tuvieron una inspección. Sería conveniente ver en los registros del Banco Central qué fue lo que se investigó, qué fue lo que se determinó y cómo se actuó en consecuencia.
Dentro de las modificaciones que se dieron, era tener en cuenta qué palabras se usaba, si era interés, si era capitalización, si era devolución de resultados. Empezaron a tener más cuidado en función de palabras claves como para no dar la sensación de actividad financiera.
De hecho, Carrasco utilizó esos cambios para jactarse de la legalidad del negocio...
Exacto. Inclusive hubo comunicaciones formales. En algunos medios de comunicación, cuando omitía esas recomendaciones y volvía a usar la palabra interés, se corregía.
Entonces, mirando hacia atrás, te das cuenta de la poca seriedad con la cual se está trabajando. Y hace unos minutos que hablamos con respecto a la confianza que tenía el hoy damnificado en invertir sus ahorros, creo que el sistema agropecuario en general tenía muy buenas referencias de Gustavo Basso, como que era alguien que cumplía con sus obligaciones. Entonces, esa sensación que daba de confiabilidad se extendía y daba la sensación de que era un lugar oportuno como para invertir.
¿Había dirigentes políticos que también influían en generar esa confianza?
No estoy en conocimiento de que haya pasado directamente, pero sí daba la sensación de que había gente pública que hacía inversiones y sumaba esa confiabilidad que se daba.
Cuando surgió lo del concurso, las primeras declaraciones que surgieron en esas conversaciones de los damnificados, ya había vinculación con algún partido político, con algún sector, como que fue algo que no se tuvo que investigar, sino que era algo que se sabía a nivel general. No es mi caso, pero sí conozco situaciones en las cuales fue como algo decisivo en poder ingresar o no a capitalizar sus ahorros.
¿Vos creés que Conexión Ganadera fue pensado desde el principio como un esquema Ponzi?
Yo creo que fue pensado para vivir del ilícito. ¿En qué momento dejaron de repartir utilidades genuinas y empezaron a malversar fondos? No lo puedo determinar, pero da la sensación de que, como está diagramado todo el estudio de las empresas, todo fue ideado para poder obtener un rédito de una actividad ilícita.
¿Cómo sigue la actividad del grupo?
Es momento de que los damnificados empecemos a tener más unión para movernos colectivamente. Si bien hay grupos de trabajo dentro de Conexión Ganadera, creo que es importante que ese trabajo se amplíe a los demás fondos ganaderos. La realidad de los hechos es replicable en todos los fondos, la metodología es similar y creo que la situación de los damnificados también.
Entonces sería bueno empezar a trabajar de forma colectiva para demostrar cuáles fueron las fallas del Estado y poder posteriormente determinar si existe viabilidad para poder organizar demandas de responsabilidad estatal.
