En este sentido, las declaraciones gubernamentales corresponden a la creación de un subregistro de víctimas donde no se relacionan las muertes producidas en sucesos de violencia.
De igual forma, el Instituto de Medicina Legal (IML) tampoco recopiló los prisioneros asesinados en las instalaciones penitenciarias, los que han sido catalogados como información “inexistente”.
Por su parte, el Ministerio de Justicia apuntó esta semana que se han producido más de 57.000 detenciones en el periodo comprendido entre el mes de marzo hasta el pasado 8 de noviembre.
Diversas organizaciones internacionales han realizado más de 6.000 denuncias tras la medida declarada por el Gobierno, la cual ha sido declarada como inconstitucional por la oposición en el país.
Un régimen de excepción es un mecanismo legal para abordar situaciones de emergencia y debe ser eminentemente temporal y extraordinario; sin embargo, el presidente Nayib Bukele ha gobernado a El Salvador bajo esta figura desde marzo de 2022, dándole un carácter permanente e indefinido a la limitación de derechos constitucionales.