Los primeros informes policiales respaldaron la hipótesis accidental. Incluso, en enero de 2025, una jueza de Martorell archivó provisionalmente la causa al no encontrar indicios de delito. Sin embargo, el expediente nunca quedó cerrado de forma definitiva y podía reabrirse si aparecían nuevos elementos.
Eso ocurrió en marzo de 2025, cuando los Mossos d'Esquadra decidieron profundizar la investigación tras detectar supuestas inconsistencias entre el relato de Jonathan Andic y los resultados de la inspección ocular realizada en el lugar de la caída. A partir de entonces, el caso avanzó bajo estricto secreto de sumario.
Investigación abierta
Durante los meses siguientes, los investigadores regresaron varias veces al escenario de la muerte y elaboraron nuevos informes técnicos. Aunque inicialmente seguían sin hallar pruebas concluyentes de criminalidad, las dudas crecían alrededor de las circunstancias exactas del fallecimiento.
En julio de 2025, mientras la investigación seguía abierta, se formalizó la distribución de la herencia de Isak Andic. Sus tres hijos —Jonathan, Sarah y Judith— se repartieron en partes iguales la propiedad y los cargos de las sociedades del grupo empresarial. El fundador controlaba el 95% de las acciones de Mango, mientras que el 5% restante estaba en manos del actual presidente de la compañía, Toni Ruiz.
El giro más impactante llegó en octubre de 2025, cuando la Policía empezó a trabajar oficialmente bajo la hipótesis de homicidio. La investigación tomó una nueva dimensión y terminó con la detención este martes de Jonathan Andic, de 45 años, acusado de haber “planificado” la muerte de su padre durante aquella excursión en la montaña.
Tras declarar ante la magistrada, Jonathan Andic quedó en libertad provisional luego de pagar una fianza de un millón de euros. La jueza le atribuye un delito de homicidio al considerar que existen indicios de una “participación activa y premeditada” en la muerte del empresario.
Los resultados de la autopsia
La resolución judicial sostiene que los resultados de la autopsia prácticamente descartan que la caída haya sido consecuencia de un resbalón o un accidente fortuito. Además, la magistrada remarca que Jonathan había visitado la zona en tres ocasiones previas durante los días anteriores al hecho.
Entre los elementos que alimentan las sospechas figuran también la desaparición de un teléfono móvil antiguo cuyos datos habían sido borrados, un viaje relámpago a Quito tras conocerse la reapertura del caso y las marcas halladas en el terreno donde ocurrió la caída, que, según la Policía catalana, habrían sido realizadas de forma deliberada ejerciendo presión.
La jueza ha tomado como medidas cautelares para Jonathan Andic la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer ante el juzgado cada semana. Mientras tanto, su familia sigue creyendo en su absoluta inocencia.
La defensa de Jonathan Andic rechaza de plano las acusaciones y asegura que los informes policiales contienen “graves imprecisiones” y conclusiones sacadas de conversaciones fuera de contexto, incluso algunas mantenidas años atrás. Sus abogados analizan las más de 1.400 páginas del sumario y preparan una nueva declaración ante la jueza para intentar desmontar la hipótesis del móvil económico.
