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Lo acusan a Evo Morales por el supuesto uso excesivo de la fuerza estatal para reprimir protestas de sectores opositores.
El expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019) fue denunciado en Argentina por presuntos delitos de lesa humanidad en su país.
La denuncia, presentada por el Foro Argentino por la Democracia, recayó por sorteo en el juzgado federal 5 a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti en los tribunales federales de Buenos Aires, según pudo averiguar la Agencia Sputnik.
La presentación, que se ampara en la jurisdicción universal que reconoce Argentina para juzgar los delitos cometidos en otro país o con otros ciudadanos, acusa al exmandatario de recurrir a un "uso excesivo de la fuerza estatal" en la represión de protestas durante su gestión.
"La falta de garantías judiciales en Bolivia torna inoperante cualquier intento de justicia local, motivo por el cual esta acción ante tribunales argentinos resulta necesaria", sostiene la denuncia.
La denuncia menciona la ley de Implementación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional para solicitar el juzgamiento de Morales en base al principio de justicia universal.
El texto, apoyado por ciudadanos bolivianos residentes en Argentina, solicita a la justicia argentina que se investiguen las supuestas masacres contra la población, torturas, trato inhumano y otras formas de violencia asociadas al Gobierno de Morales desde enero de 2006 y hasta noviembre de 2019, bajo la consideración de que el sistema judicial boliviano "no tiene condiciones para actuar con independencia".
Uno de los casos que se menciona como ejemplo es el de Dirk Schmidt, un ciudadano alemán que vivió más de 30 años en Bolivia y que fue arrestado en 2010 acusado de terrorismo, tras un allanamiento sin orden judicial.
Tras pasar más de dos años detenido en condiciones inhumanas, según los denunciantes, fue absuelto en 2014 pero continuó siendo hostigado por el Estado.
Otro caso hace alusión a la detención de varios ciudadanos, entre ellos Alejandro Melgar Pereira, acusados de integrar una supuesta célula terrorista con intenciones separatistas, en un proceso judicial que habría sido irregular por producirse detenciones arbitrarias, hasta que los implicados fueron absueltos en 2020.
En 2022, la Corte Penal Internacional rechazó una solicitud presentada por el Gobierno de la presidenta de facto Jeanine Añez (2019-2020) para investigar a Morales y a los organizadores de una movilización para bloquear carreteras por delitos de lesa humanidad.
(Sputnik)