Los últimos incidentes se registraron en las Termas de Pemehue, en Collipulli, el viernes. Un día después, fueron quemados camiones y maquinaria dentro de la empresa Forestal Mininco, en Loncoche, y una situación similar se dio en otra forestal ubicada cerca de la ciudad de Temuco, donde 18 camiones fueron incendiados.
La crisis que se vive en esa región chilena no es nueva, y el problema de fondo pasa por la tenencia de la tierra, cuestión que no fue debidamente abordada por los sucesivos gobiernos que pasaron por La Moneda y tampoco por el que encabeza Piñera.
La zona ahora militarizada forma parte del Wallmapu, denominación que se utiliza para designar a los territorios ancestrales del pueblo mapuche, el mayor grupo étnico originario del país.
Sin mencionarlos, Piñera hizo alusión a los mapuches al anunciar el decreto, cuando dijo: “Este estatuto de excepción constitucional de emergencia es para enfrentar mejor, con mejores instrumentos y herramientas, el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado que se ha enraizado en esos territorios”, aclarando que la medida “en ningún caso se orienta en contra de un pueblo o de un grupo de ciudadanos”.
Buena parte de las tierras en las que tiene lugar este conflicto –aproximadamente 600.000 hectáreas, 20% de la superficie total de La Araucanía– pertenecen desde hace décadas a industrias forestales. De acuerdo a una investigación hecha por el portal Ciper Chile, dos familias, Matte y Angelini, controlan 70% del negocio forestal de todo el país. Estos dos grupos empresariales construyeron un millonario negocio con base en los monocultivos de eucaliptus y pinos, que con el paso de las décadas generaron una enorme degradación de todas las tierras adyacentes debido a la gran cantidad de agua que demandan estas plantaciones. Según estimaciones de 2018, más de 100.000 personas que vivían en la región –la más pobre de Chile– no tenían acceso directo al agua potable; debían acceder a ella por medio de camiones cisternas. Además, la actividad forestal generó la contaminación de los cursos de agua de la zona, generando una situación extremadamente compleja para quienes se dedican a los cultivos de alimentos a pequeña escala. Al contrario de lo que pregonaron los impulsores de la industria forestal, la expansión de su negocio en la región no sólo no aumentó los ingresos de la población, ni generó más fuentes de trabajo, sino que redundó en el aumento de la pobreza y de la desigualdad de ingresos entre la población indígena y no indígena.
