Según explicaron los promotores de la iniciativa, el objetivo de las solicitudes no es atribuir responsabilidades de forma anticipada, sino instar a los organismos contralores a determinar si existen apartamientos a la normativa e identificar si los sistemas de fiscalización actuales son idóneos para resguardar el erario público.
Dos vías de investigación: ética funcional y control financiero
Las solicitudes presentadas contemplan las competencias específicas de cada organismo del Estado:
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Ante la JUTEP: El planteamiento hace foco en la observancia de los principios de probidad, transparencia, ética en la función pública y conducta funcional por parte de los jefes de bancada y ediles de todos los partidos.
Ante el Tribunal de Cuentas: La acción posee un enfoque presupuestal y de auditoría de la Hacienda Pública. Se solicitó el examen minucioso del régimen de partidas, contrataciones, desembolsos y documentación respaldatoria de los servicios asignados en los 19 parlamentos departamentales.
La sospecha de sueldos encubiertos y la restricción constitucional
El punto central de la denuncia apunta a transparentar qué procedimientos aplican los legislativos departamentales para verificar la contraprestación real de los servicios contratados con dinero público.
Asimismo, los firmantes demandaron que se investigue si parte de las partidas asignadas al funcionamiento de las bancadas están siendo desviadas hacia fines ajenos a su destino, o si se están utilizando como un mecanismo para otorgar retribuciones salariales encubiertas a los ediles, práctica expresamente vedada por el artículo 295 de la Constitución de la República.
Los promotores remarcaron que la fiscalización del dinero público representa una responsabilidad institucional que trasciende las divisas políticas y exige garantías inmediatas de transparencia hacia la ciudadanía.
