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Colorados chocan por posible violación de la Constitución de Ojeda

“Lo que se quebró acá fue la institucionalidad", dijo el convencional del Partido Colorado por Florida, Juan Esequiel Ibarra.

La actuación del senador colorado Andrés Ojeda ha quedado bajo análisis tras la denuncia presentada por la fiscal Silvia Lovesio durante una audiencia judicial el pasado 20 de noviembre. La fiscal planteó la posibilidad de que Ojeda haya incurrido en la violación del artículo 124 de la Constitución de la República al presentar un escrito ante la Fiscalía para reimpulsar una causa de un cliente.

La gravedad del asunto radica en que el mencionado artículo constitucional establece una "inmediata causal de destitución" para los legisladores que lo infrinjan.

¿Ojeda violó la Constitución?

Juan Esequiel Ibarra, convencional nacional del Partido Colorado (PC) por Florida, solicitó formalmente a la Cámara de Senadores que analice, en su Comisión de Constitución y Legislación, la eventual violación del artículo 124 de la Constitución de la República por parte del senador y secretario general del PC, Andrés Ojeda.

Ibarra adelantó que presentará además una denuncia ante la Comisión de Ética y Conducta Política del PC. El convencional sostuvo a La Diaria que “los hechos son objetivos y concretos”. “Lo que se quebró acá fue la institucionalidad, y si los legisladores de nuestro propio partido político quiebran esa institucionalidad, ¿cómo nosotros como fuerza política podemos decirle después a la ciudadanía que estamos atentos a cualquier quiebre institucional del oficialismo?”, manifestó.

“Nosotros no podemos permitir que cualquier legislador –en particular, una autoridad como el senador Andrés Ojeda– haga a un lado los preceptos constitucionales más básicos para representar intereses que son ajenos al Estado uruguayo”, afirmó Ibarra.

El dirigente colorado de Florida dijo que espera que la Comisión de Ética y Conducta Política “tenga una respuesta positiva para condenar estos actos y que prime el valor constitucional por encima del interés político y sectorial”.

Para “contextualizar” su denuncia, Ibarra incluyó declaraciones a la prensa de Ojeda sobre el reciente fallo de la Junta de Transparencia y Ética Pública acerca de la situación del presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, Álvaro Danza. “El propio senador denunciado exigió públicamente la aplicación más estricta posible de las incompatibilidades constitucionales cuando el análisis recaía sobre un tercero”, apuntó Ibarra; y sostuvo que resulta “oportuno destacar la contradicción que hoy se presenta: el estándar de rigor que él reclamó para otros es el mismo estándar que ahora intenta relativizar respecto de su propia conducta”.

Al mismo tiempo, Ibarra planteó a los senadores de la Comisión de Constitución y Legislación que la señal institucional de Lovesio “obliga” a la Cámara de Senadores a actuar sobre el tema. “Cuando una fiscal del Ministerio Público plantea esta duda en audiencia, lo hace porque la conducta observada encuadra, prima facie, dentro del tipo constitucional prohibido”, señaló.

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