Uno de los primeros episodios que puso en evidencia la presencia del narcotráfico en el país fue la operación Campanita, en 2006. La investigación permitió desarticular una organización con vínculos en Colombia y Brasil, que comercializaba drogas en Europa y utilizaba profesionales uruguayos para introducir y movilizar el dinero. Para Espinosa, aquel operativo marcó un punto de inflexión: demostró que Uruguay no era ajeno al fenómeno y que la falta de controles podía favorecer la instalación de estas organizaciones.
Sin embargo, consideró que, pese a los avances institucionales registrados desde entonces, el país no alcanzó el nivel de prevención necesario. Además, señaló que el narcotráfico dejó de utilizar Uruguay únicamente como territorio de tránsito y comenzó a desarrollar actividades de acopio y otras operaciones vinculadas al negocio.
Las alertas que no funcionaron
Al analizar el caso de la agencia de cobranza vinculada a la esposa del director de la Administración Nacional de Puertos, Espinosa sostuvo que todavía falta conocer el alcance de la investigación y reconstruir el funcionamiento de la presunta maniobra. No obstante, consideró que el dinero en efectivo y las características de las operaciones debieron generar señales de alerta.
Según explicó, las entidades financieras y los operadores del sistema de pagos tienen obligaciones de prevención que deben ajustarse a los riesgos de cada actividad. En ese marco, los movimientos de efectivo constituyen uno de los indicadores tradicionales para detectar posibles operaciones de lavado.
El problema, señaló, no consiste simplemente en recibir dinero en efectivo, sino en identificar cuándo los montos, las denominaciones de los billetes y la frecuencia de las operaciones no se corresponden con la actividad económica declarada. Como ejemplo, mencionó la diferencia entre los ingresos en efectivo de un pequeño comercio y los pagos de grandes sumas que supuestamente realizaban empresas constructoras.
"El sistema podríamos decir que acá no funcionó, la alerta no funcionó. Ese es el problema", afirmó.
Espinosa recordó que uno de los primeros casos de lavado investigados en Uruguay, en 2005, involucraba a una persona que llevaba billetes de baja denominación a una casa de cambio ilegal. Allí le entregaban billetes en mejores condiciones, en una operación que permitía disimular el origen del dinero. Explicó que cualquier procedimiento destinado a ocultar la procedencia ilícita de los fondos puede formar parte de una maniobra de lavado.
También describió un mecanismo mediante el cual una organización criminal puede utilizar empresas legítimas para introducir dinero en el circuito formal. En un ejemplo hipotético, una constructora recibiría efectivo de origen ilícito para pagar sus obligaciones y luego transferiría los fondos a una cuenta bancaria, a cambio de una comisión. De esa manera, el dinero ingresaría al sistema financiero bajo la apariencia de una operación comercial.
A su juicio, el desafío consiste en detectar esas operaciones antes de que se integren a la actividad económica formal. Para ello, consideró necesario prestar mayor atención a los nuevos operadores del sistema de pagos, como las instituciones emisoras de dinero electrónico y los servicios de cobranza, cuyo crecimiento obliga a actualizar los mecanismos de supervisión.
Los vínculos con la política
Otro de los aspectos abordados fue la relación entre el narcotráfico y el sistema político. Espinosa sostuvo que el acercamiento de organizaciones criminales a dirigentes y funcionarios no constituye una particularidad uruguaya: buscan obtener ventajas, influir en decisiones, reducir controles o acceder a información.
En ese sentido, consideró que el caso investigado debe analizarse también desde la responsabilidad de los propios actores políticos al momento de elegir a sus colaboradores. "No todo se arregla con leyes. Tiene que haber conciencia", señaló.
El contador cuestionó que un representante político pueda reconocer que tuvo un asesor durante meses sin asignarle tareas concretas. A su entender, debe existir una mínima justificación sobre las funciones que cumplen esas personas y los motivos de su designación.
También planteó la necesidad de mejorar los controles sobre los recursos destinados a las secretarías de los legisladores y sus colaboradores. Durante la entrevista se comparó la situación con el mecanismo conocido en Brasil como rachadinha, por el cual legisladores reciben parte de los salarios de sus asesores. Espinosa consideró que la transparencia del financiamiento político es una dimensión importante del problema, aunque advirtió que una ley por sí sola no resolverá las debilidades existentes.
En ese sentido, informó que la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) trabaja con la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas y la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) para mejorar la coordinación entre los organismos de control.
Aclaró, además, que la JUTEP tiene un mecanismo de actuación basado principalmente en las declaraciones juradas de determinados funcionarios, por lo que no necesariamente puede detectar situaciones relacionadas con asesores o personas que no están comprendidas en sus obligaciones de declaración.
Más recursos para investigar
Para Espinosa, Uruguay dispone de un marco normativo que permite combatir el lavado de activos, pero necesita fortalecer las instituciones encargadas de aplicarlo. En particular, señaló que la Senaclaft debe contar con más funcionarios, que la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central necesita ser reforzada y que la Fiscalía requiere incorporar especialistas en investigación patrimonial.
Como ejemplo de los avances recientes, destacó que durante el año pasado se alcanzaron, entre imputaciones y condenas, más de veinte resultados vinculados a delitos de lavado de activos. Según explicó, esa cifra equivale a la cantidad de procedimientos y condenas registrados durante los cinco años anteriores.
Atribuyó esa mejora a una mayor coordinación entre los organismos que participan en las investigaciones y la Fiscalía, aunque advirtió que será necesario sostenerla y ampliarla. "Al sistema le falta una inyección de recursos", afirmó.
En relación con la cooperación de Estados Unidos y la participación de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Espinosa defendió una postura pragmática. Consideró que Uruguay puede aprovechar la información, la capacitación y el equipamiento que ofrecen esos organismos, especialmente para investigar operaciones vinculadas a activos virtuales y criptomonedas.
No obstante, diferenció esa cooperación de una eventual intervención directa en los procedimientos policiales o judiciales. Sostuvo que el país debe mantener su autonomía y aprovechar las herramientas disponibles sin perder capacidad de decisión.
Nuevas formas de lavado
El especialista también señaló que las investigaciones patrimoniales se vuelven especialmente complejas cuando las organizaciones criminales utilizan familiares, allegados o terceros para ocultar sus bienes. En esos casos, los responsables no suelen figurar como propietarios de inmuebles, vehículos o empresas, sino que recurren a testaferros que dificultan el seguimiento del dinero.
Por eso, explicó, la tarea de los investigadores consiste en reconstruir las relaciones económicas y encontrar quiénes realizan efectivamente las operaciones en nombre de los integrantes de las organizaciones.
Entre los sectores que requieren mayor atención mencionó el mercado inmobiliario y el fútbol profesional. Sobre el primero, indicó que se modificó la normativa para obligar a los promotores inmobiliarios a identificar a quienes aportan los fondos para desarrollar los proyectos.
En cuanto al fútbol, anunció que trabaja junto a Gabriel Tenenbaum, Ricardo Gil y Lorena de León en una investigación académica con la Facultad de Ciencias Sociales sobre los riesgos de lavado de activos en ese sector. El estudio apunta a identificar los distintos negocios y operaciones que pueden facilitar movimientos de dinero de origen ilícito.
También consideró que las sociedades anónimas deportivas deben quedar comprendidas en controles adecuados, en línea con los aplicados a otras estructuras empresariales, debido a los riesgos asociados a la propiedad de los clubes, las transferencias de jugadores y los movimientos financieros.
Finalmente, Espinosa destacó el potencial de la inteligencia artificial para detectar operaciones sospechosas. Explicó que distintas unidades de inteligencia financiera de América Latina ya utilizan estas herramientas para procesar grandes volúmenes de reportes y reconocer movimientos que se apartan de los patrones habituales.
Sin embargo, advirtió que los resultados deben ser analizados y verificados por especialistas. La tecnología puede contribuir a identificar irregularidades, pero no sustituye el trabajo de investigación.
Para el contador, el principal desafío de Uruguay no pasa por crear nuevas normas, sino por conseguir que los controles funcionen, que las instituciones dispongan de personal especializado y que exista una coordinación efectiva. A eso sumó la responsabilidad de los actores políticos y económicos de conocer con quiénes se vinculan y de qué manera se utilizan los recursos públicos y privados.