Nueve preguntas para Javier García

Pues bien: mi respaldo a María Julia Muñoz es total, absoluto e inclaudicable. No porque pueda afirmar que hubo coimas, algo que deberá investigarse y probarse, sino porque considero legítimo que una ciudadana, frente a una acumulación escandalosa y extraordinaria de irregularidades, pregunte qué explicación puede haber detrás de semejante cadena de decisiones.

Está bien; María Julia tiene derecho a pensar pero no a convertir su pensamiento en palabras; pero hablemos de los hechos. Hablemos de las preguntas que siguen sin una respuesta.

Primera pregunta: ¿Cómo se llega a contratar a una empresa que jamás había construido patrulleras oceánicas de ese tipo, para una operación de semejante magnitud, cuando está en juego el dinero de todos los uruguayos?

¿Nadie se preguntó si Cardama tenía la experiencia, la capacidad técnica y los antecedentes necesarios? ¿Nadie consideró que construir un buque de esas características no es lo mismo que fabricar una canoa? ¿A nadie le importó que en el primer llamado quedara en el último lugar y luego fuera beneficiaria de una compra directa?

Segunda pregunta: ¿Por qué las advertencias técnicas no tuvieron el peso que debían tener? ¿Qué ocurrió con los oficiales de la Armada que plantearon objeciones y advertencias a la compra? ¿Por qué se cuestionó o desplazó a quienes expresaban reparos, en lugar de atender seriamente sus argumentos?

¿Por qué, Javier García, hiciste eso?

Cuando alguien advierte que una decisión puede ser equivocada, lo razonable es analizar sus argumentos; no apartar al mensajero para que el mensaje deje de fastidiar un negocio.

Tercera pregunta: ¿Qué pasó con las advertencias y observaciones del Banco Central? ¿Por qué no se les dio la importancia que correspondía antes de seguir adelante con una contratación de esta naturaleza? Si existían —y existieron— señales de alarma, ¿por qué no se detuvo el procedimiento hasta despejar las dudas?

Cuarta pregunta: ¿Cómo se explica que no se consiguiera una garantía aceptable de instituciones a las que se acudió, según los antecedentes del caso, y que ni siquiera se lograra que Abitab respaldara la operación?

Una garantía no es un papel decorativo, es una protección para el Estado. Si nadie está dispuesto a garantizar una operación, lo sensato es preguntarse por qué. Lo inadmisible es comportarse como si ese rechazo no significara absolutamente nada.

¿Por qué, Javier, hiciste eso?

Armando Castaingdebat pronunció —en modo sincericidio— una frase llamativa en una entrevista en el programa Desayunos Informales, de Canal 12, emitida el miércoles 11 de febrero de 2026: «Capaz que si en el Código Penal existiera la figura de nabo, a nosotros nos tendrían que procesar por nabos». Y también afirmó: «A esta altura no hay discusión de que esta garantía era un desastre».

A confesión de parte, relevo de pruebas.

Se refería a la garantía de fiel cumplimiento presentada por Cardama, atribuida a EuroCommerce, que su Ministerio había aceptado.

Quinta pregunta: ¿Cómo se explica que se concedieran prórrogas, que se aceptara documentación trucha y se realizaran desembolsos millonarios en euros en medio de semejantes problemas con las garantías?

Sexta pregunta: ¿Por qué la Armada, faltando solo tres días para el cambio de gobierno, habilitó un hito que comprometía un pago millonario a Cardama?

El almirante Jorge Wilson, comandante en jefe de la Armada, firmó el 27 de febrero de 2025 una comunicación que daba por cumplido el segundo hito contractual y habilitaba el trámite para pagar 8.227.000 euros. Fue dos días antes de la asunción de Yamandú Orsi.

Wilson no podía actuar al margen de la cadena de mando, por lo que la pregunta sobre el apuro no la debe contestar él, sino el exministro de Defensa Javier García.

Estamos hablando de más de dieciséis millones de euros en los dos primeros pagos. No de una compra menor, no de una equivocación administrativa sin consecuencias. Estamos hablando de dinero público y de una responsabilidad enorme.

Séptima pregunta: ¿Por qué se pasó de 83 requisitos técnicos originales a solamente 3 en el procedimiento de 2023 que terminó con la selección de Cardama? ¿Para ajustarse a las posibilidades de Cardama? ¡80 requisitos menos! Aproximadamente el 96,4 %.

Y entonces llegamos al núcleo del problema. Una irregularidad puede ser un error, dos deberían encender las alarmas; y de ahí en más nadie debería dudar de que se está frente a una maniobra contraria a los intereses del Estado.

Cuando se acumulan las advertencias ignoradas, las objeciones técnicas desatendidas, las dudas sobre la capacidad del proveedor, los problemas con las garantías y los pagos cuestionados, la obligación de cualquier ciudadano es exigir una explicación de conjunto. Porque no alcanza con responder cada pregunta por separado. Hay que explicar por qué todas esas cosas sucedieron en una misma operación.

¿Fue incompetencia? ¿Fue irresponsabilidad? ¿Fue una cadena de decisiones políticas equivocadas? ¿Hubo intereses particulares? ¿Existió algún beneficio indebido?

Octava pregunta: ¿Por qué los dirigentes del Partido Nacional se han convertido con desesperación en abogados defensores de una empresa privada extranjera en contra del Estado uruguayo?

Esta película ya la vimos, y también con una empresa española, FOCOEX, durante el gobierno de Lacalle I.

No corresponde presentar ninguna hipótesis como un hecho probado sin las pruebas necesarias. Está bien, estoy de acuerdo; no puedo decir que hubo coima, pero ¿alguien me puede dar, usando el sentido común, otra explicación lógica para el caso Cardama que no se resuma en la palabra coima?

Novena pregunta: Si todo fue producto de una sucesión de errores, ¿cómo pudo producirse semejante acumulación sin que los mecanismos de control del Gobierno de Luis Lacalle Pou la detuvieran?

Ahora, lo que no puede ocurrir es que se investigue con más entusiasmo a quien denuncia una sospecha que a quienes tomaron las decisiones que originaron esa sospecha.

Javier García tiene derecho a recurrir a la Justicia; pero María Julia Muñoz también tiene derecho a expresar sus sospechas y a exigir explicaciones. Una denuncia no convierte automáticamente en culpable a quien es denunciado, del mismo modo que la indignación de un dirigente político no convierte en infundadas las preguntas que se le formulan.

Tabaré Vázquez dijo en 1996: «No se abandona a un compañero (compañera en este caso) en medio de la batalla». Yo no estoy dispuesto a tirarla a los perros para quedar bonito con la derecha desplegando un lenguaje políticamente correcto.

Lo cierto es que lo que dijo María Julia es lo que piensa la inmensa mayoría de uruguayos y uruguayas, incluidas muchas personas del mismo Partido Nacional.

Lo verdaderamente escandaloso no es que alguien pronuncie la palabra coima. Lo verdaderamente escandaloso sería que, después de todo lo ocurrido con Cardama, termináramos discutiendo quién se atrevió a decir la famosa palabreja y no quién debe responder por lo sucedido.

Seguramente estas palabras incomodarán a varios; pero jamás nos callaremos para que los poderosos estén cómodos.

María Julia dijo lo que todos piensan.

No estará sola en el juzgado.