"En lo que es el informe de la investigación dice que en una parte de que no fue un acto ilegítimo, ya que el administrador tiene la herramienta que se daba en una resolución del año 2009, como para adjudicar un 10% de los cupos", señaló Lozano.
Aún así, sostuvo que los procedimientos que se llevaron a cabo "no fueron de la forma correcta" y que hubo "falencias, errores e irregularidades en la adjudicación de los cupos".
"Hubo responsabilidad de ciertos funcionarios de carrera, con experiencia en el ministerio, por lo que son pasibles de sanción", dijo sobre los procesos. "Están pasibles de tener una observación, que será considerada cuando se hagan los descargos del caso".
La resolución ministerial a la que accedió Caras y Caretas, establece que los funcionarios involucrados "no ajustaron su conducta a los deberes de funcionario público, existieron falencias en cuento a la prosecución de los procedimientos de evaluación y asesoramiento".
En ese sentido, dicen entender de manera pertinente "adoptar medidas tendientes a mejorar los mismos, con el fin de obtener mejores resultados en el funcionamiento del servicio, evitando arbitrariedades y desigualdades".