Esa misma doctrina se aplicó de forma metódica en otras instancias de alto calado social. En 2020 se le negó la cadena al PIT-CNT en el marco del Día Internacional de los Trabajadores, proponiendo a cambio espacios secundarios en los medios públicos. En aquel entonces, Lacalle Pou afirmó en una nota que la normativa “Contempla únicamente necesidades de carácter nacional que involucren a las instituciones de gobierno”, dice la carta firmada por el expresidente.
Del mismo modo, se le denegó el espacio a la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos antes del 20 de mayo, una causa que trasciende banderas partidarias e interpela las fibras más sensibles del colectivo social uruguayo y los derechos humanos.
En todos esos casos, la premisa formal del gobierno del Partido Nacional era inamovible: la cadena no se presta para causas ni visiones particulares.
El doble rasero de la institucionalidad
La concesión del espacio oficial para la conmemoración de un aniversario partidario rompe de forma flagrante con esa línea argumental. ¿Cómo se explica que la transmisión en cadena nacional sea considerada "improcedente" para informar sobre un mecanismo de democracia directa garantizado por la Constitución (como un referéndum) o para sostener la memoria histórica de las víctimas de la dictadura, pero resulte plenamente legítima para celebrar la trayectoria interna de una colectividad política? Es llamativo además que la solicitud de la cadena nacional la realice el mismo partido que en el gobierno, se encargó de negar todo aquello que no fuera de "contenido oficial".
Al habilitar el uso de la red nacional para una expresión partidaria, el Poder Ejecutivo incurre en una asimetría difícil de justificar en términos republicanos. O era una postura improcedente la de Lacalle Pou o es sumamemte flexible la administración de Orsi que justifica la resolución en el "interés público". De esta manera se genera un peligroso precedente donde el acceso a la máxima herramienta de comunicación del Estado parece depender de valoraciones que dejan a un lado criterios objetivos de interés público global.
Hacia reglas claras para la voz de todos
La cadena de radio y televisión es un bien público financiado y sostenido por toda la sociedad uruguaya. Su uso debe estar guiado por principios de transparencia, equidad e interés general, evitando convertirse en un privilegio corporativo o en un premio político.
Si el criterio oficial muta según la conveniencia del momento, la herramienta se degrada. Uruguay necesita saldar esta discusión mediante normativas transparentes que definan con precisión cuándo corresponde el uso del espacio oficial. Mientras tanto, la contradicción queda al desnudo: la misma cadena que se le negó al pueblo organizado para hablar de leyes y derechos, hoy se enciende sin titubeos para el festejo de un partido político. No se trata de atacar a una colectividad politica, ni negar su historia, se trata de medir con la misma vara.
