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Las implicancias que generó el nombre de Sebastián Marset para el gobierno de Luis Lacalle Pou continúan causando problemas. Para la oposición esta situación es directamente “un escándalo”, que llevaría a "a la renuncia de las autoridades en cualquier país del mundo”.
Pero el tema Marset todavía no está cerrado ni mucho menos. Ahora, los senadores del Frente Amplio (FA) anunciaron que se presentarán ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo para promover una acción de acceso a la información pública contra el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto se debe a que el 6 de setiembre, luego de una interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y al canciller, Francisco Bustillo, por el caso del pasaporte otorgado al narcotraficante Sebastián Marset,, la oposición presentó una solicitud de acceso a la información ante la cancillería “relativa a las actuaciones tramitadas” en dicha secretaría de Estado para la “expedición y entrega” del documento, pero fue negado.
En aquella instancia se solicitó “copia del expediente completo y cualquier actuación administrativa relativa a la gestión del pasaporte”, además de la “copia de todas las comunicaciones intercambiadas por cualquier vía entre los profesionales del Servicio Exterior acreditados en Catar, EAU [Emiratos Árabes Unidos] y Paraguay y la cancillería referidas a la tramitación del pasaporte”. También se pidió “copia de las comunicaciones mantenidas” entre el subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, y la subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, “los días 21/09 y 03/11” de 2021 “relativos a la situación” de Marset.
Sin embargo, el escrito de los senadores indica que Bustillo respondió el 3 de octubre que dispuso “la instrucción de una investigación administrativa” por este tema, pero que “no se podrá acceder al envío de la información peticionada” debido a que es de carácter secreto. Pero para los senadores del FA, esta respuesta “no cumple” con lo previsto en la ley de acceso a la información pública, ya que “el carácter secreto de las actuaciones tramitadas en la investigación administrativa bajo ninguna circunstancia puede ser extendido a otros expedientes o actuaciones administrativas tramitadas en forma previa al inicio de la investigación”, que comenzó el 22 de agosto. En este sentido, los senadores del FA pedirán a la Justicia que condene al ministerio “a cumplir con la entrega de la información”.