El proyecto de Pedro Bordaberry
¿Cuál es su primera valoración del proyecto presentado por Pedro Bordaberry?
Es un tema muy delicado porque involucra una cuestión central desde el punto de vista de los derechos de los usuarios, que es la preservación de la intimidad y de la información personal. Por eso creo que antes de avanzar hay que evaluar cuidadosamente su aplicabilidad. La grabación de cirugías, de camas de CTI u otras áreas de asistencia directa, tiene aspectos positivos, como la transparencia y una eventual mejora en la seguridad del paciente, pero también plantea riesgos muy importantes.
¿Cuáles son esos riesgos?
Estamos hablando de información extremadamente sensible porque involucra el cuerpo de las personas. Si el resguardo de esa documentación no es absolutamente estricto, existe un riesgo real de vulnerar la intimidad de los pacientes. Además, puede resentirse la confianza entre la sociedad y el sistema de salud, y particularmente entre el médico y el paciente. Esa confianza es la base sobre la que funciona toda la asistencia sanitaria.
También ha planteado reparos respecto a los efectos que podría tener sobre la práctica médica.
Sí. Existe el riesgo de que se genere una medicina defensiva. Si el profesional siente que tiene permanentemente un ojo fiscalizador sobre su trabajo, puede optar por conductas más conservadoras frente a situaciones complejas, en lugar de asumir decisiones que impliquen mayor riesgo pero que puedan ser las más adecuadas para el paciente. Eso, paradójicamente, puede terminar afectando la calidad asistencial.
¿Considera entonces que el proyecto es inviable?
No. Impracticable no es. Se puede implementar progresivamente, pero otra cosa es preguntarse si hoy constituye una prioridad para el sistema de salud. Son dos discusiones diferentes.
¿Por qué sostiene que no es prioritario?
Porque supone inversiones tecnológicas muy importantes. Estamos hablando de grabaciones de alta definición que requieren almacenar enormes volúmenes de datos durante largos períodos. Eso implica infraestructura de big data, centros de datos, sistemas de seguridad informática y costos muy elevados. El debate es si el sistema de salud debe destinar esos recursos a este proyecto o a otras necesidades que hoy son más urgentes.
Prioridades en la Salud
¿Cuáles deberían ser esas prioridades?
Hay desafíos mucho más relevantes para la población. Necesitamos fortalecer el acceso a especialistas en el interior, acercar las policlínicas a la gente, ampliar las consultas en salud mental, mejorar la atención odontológica, profundizar las políticas de prevención y consolidar el acceso a medicamentos. Esas son prioridades sanitarias mucho más claras que una inversión tecnológica de esta magnitud.
Sin embargo, usted reconoce que la propuesta también tiene aspectos positivos.
Sí, naturalmente. No se trata de rechazar el proyecto sin discutirlo. Existen evidencias de que determinados sistemas de registro pueden contribuir a mejorar el desempeño profesional, incluso mediante herramientas de inteligencia artificial. También pueden ser útiles para la formación de nuevos profesionales y para analizar procedimientos complejos. Esas son discusiones interesantes que vale la pena dar.
Entonces, ¿qué falta para que esa discusión pueda avanzar?
Creo que todavía no hemos madurado culturalmente este debate. No existe una discusión suficientemente desarrollada entre usuarios, médicos, instituciones, especialistas en bioética y juristas. Tampoco hay una evaluación financiera seria sobre el impacto que tendría una implementación de este tipo. Antes de legislar deberíamos construir esos consensos.
¿El proyecto surge como respuesta puntual a un casos puntual de una denuncia de mala praxis ampliamente difundida?
Muchas veces estos proyectos aparecen después de episodios que generan una enorme repercusión pública. Es comprensible que esos casos impulsen respuestas legislativas, pero no siempre es conveniente legislar a partir de situaciones excepcionales. Sin embargo, siempre es preferible discutir una ley que permanecer en el morbo de un caso judicial, pero eso no significa que toda solución propuesta sea necesariamente la más adecuada.
¿Los problemas que intenta resolver el proyecto representan una situación generalizada en el sistema de salud?
No. Los casos de mala praxis o de dificultades graves dentro de un block quirúrgico, un CTI o una emergencia existen, pero son excepcionales. No constituyen un problema estructural del sistema. Por eso hay que poner las cosas en perspectiva y analizar dónde conviene concentrar los recursos públicos.
¿Existen alternativas para mejorar la seguridad asistencial sin afectar la intimidad de los pacientes?
Sí. Por ejemplo, podrían desarrollarse sistemas similares a "cajas negras" para registrar información biométrica o el funcionamiento de equipos de anestesia y de CTI, sin registrar imágenes del paciente. También hay mucho para mejorar en el control de medicamentos dentro de los hospitales. Son herramientas que fortalecen la seguridad clínica sin comprometer un derecho tan sensible como la privacidad.
En definitiva, ¿cuál es la posición que debería adoptarse frente al proyecto?
No creo que haya que trancarlo. Lo que corresponde es abrir una discusión amplia entre usuarios, médicos, legisladores y todos los actores involucrados. El proyecto tiene ventajas teóricas importantes, pero también riesgos relevantes y costos muy altos. Antes de convertirlo en ley necesitamos saber si, como sociedad, entendemos que esos beneficios superan claramente las desventajas. Hoy, a mi juicio, esa discusión todavía no está suficientemente madura.
