Durante la gestión de Jorge Larrañaga (año 2020), sumadas todas las víctimas fueron 176. Durante el 2024, con Nicolás Martinelli al frente del ministerio, fueron 184, y durante el primer semestre del 2025, comienzo de la gestión de Negro, fueron 183 los crímenes. En este primer semestre del 2026 son 195.
En el período de Larrañaga fueron asesinados 13 niñas, niños o adolescentes; en el período de Martinelli fueron 10 las víctimas, y en el primer año de Negro murieron 6. En tanto de enero a julio del 2026 las víctimas menores de edad son 8.
En el período de Larrañaga hubo más muertos en las cárceles: 12 contra 7 ocurridos en lo que va de este año.
Al cierre del informe de la AECA, los departamentos de Soriano y Lavalleja son los únicos que no registran homicidios. En la otra punta, Montevideo encabeza la lista con 114; le sigue Canelones con 30, luego Maldonado con 12 y San José con 6. En Artigas, Rivera y Cerro Largo sólo se consigna uno en cada uno.
Esta actividad criminal se concentra en la zona metropolitana, donde vive casi el 70 % de los habitantes del país. Por edades, 133 del total de víctimas tenían entre 18 y 38 años, y 41 entre 39 y 58 años.
Sin embargo, los números difundidos ahora muestran otras cosas. Se ha señalado como muy positivo el descenso de los hurtos y las rapiñas, pero desde el año 2024 se registra un enorme crecimiento de las estafas y los fraudes informáticos, y ni hablar del 2015, cuando se registraron 930 casos de estos delitos. Desde el 2024 hasta ahora la cifra ronda los 14.000 cada semestre. El incremento es casi la misma cantidad en que descendieron los hurtos y las rapiñas, lo que permite deducir que hubo un cambio en las modalidades delictivas.
La cantidad de víctimas de violencia doméstica se mantiene en un número casi constante de aproximadamente 21.000 casos (20.549 en el 2020 y 21.434 en el 2026), siempre referidos al primer semestre de cada año.
También ocurre con los delitos sexuales. En el 2024 fue cuando se registraron más víctimas: 1.608. En lo que va del 2026 fueron 1.432.
La crisis de seguridad
En el año 1986, durante su primer mandato, Julio María Sanguinetti aseguraba que “el país vivía una crisis en la seguridad”. Como no existía un registro constante como ocurre desde el año 2005, es imposible saber a qué cantidad de delitos el entonces presidente consideraba críticos. Pero seguramente eran cifras que cualquier ministro del Interior desde el 2005 hasta acá quisiera lograr al final de su gestión.
En junio del 2020 volvió a realizar la misma afirmación: “Uruguay atraviesa una situación compleja en materia de seguridad”. Más recientemente, a fines del 2025 afirmó que “hay una escalada de la inseguridad”.
Lo único verdaderamente identificable es el crecimiento constante de la actividad delictiva con la irrupción, además, del narcotráfico, el sicariato y la existencia del crimen organizado. Sin embargo, se debe señalar que Sanguinetti es uno de los grandes responsables de desarrollar políticas equivocadas de seguridad, cuyos resultados nos han estallado en la cara.
Se consideró entonces que agravando penas y creando nuevos delitos se lograría abatir las cifras de criminalidad. No pocos le advirtieron que los delincuentes no andaban con el Código Penal bajo el brazo. Y los pocos que pudieran entenderlo buscarían otras formas para continuar sus actividades delictivas. Por ejemplo, recurriendo a menores de edad.
Esta política tenía dos graves problemas. Primero, estaba diseñada para pobres, los delincuentes ricos podían pagar abogados. Y luego terminó llenando establecimientos carcelarios que no estaban diseñados para contener a tanta gente. Y lo mismo ocurrió con los centros de reclusión para menores.
Así llegamos a ser el país con la más alta tasa de prisionización cada 100.000 habitantes de las tres Américas. Hoy ronda los 18.000 la cantidad de presos en todo el país. Esto refiere a los que efectivamente están alojados en una cárcel, porque a ellos hay que sumar otros 9.500 que tienen diferentes condenas que van desde la prisión domiciliaria hasta tareas comunitarias. Y hay que agregar a la lista unos 300 menores alojados en el INISA.
Si el ciudadano, no ya el político, comprendiera que la cárcel es un castigo, no una venganza, tal vez se estaría dando un avance importante para resolver la inseguridad.
Veamos: ninguno de los que nos lee enviaría a su perro a vivir en una celda de las cárceles uruguayas. Sin embargo, allí en condiciones espantosas viven seres humanos, que es cierto que en muchos casos cometieron delitos horribles, pero precisamente por eso se les castiga con largas condenas. Pero hay muchos por delitos muy menores.
No importa si hace frío o calor, si tienen agua o no, con un solo excusado —tapado la mayoría de las veces— para hacer sus necesidades a la vista de los otros presos con los que comparten celda. A veces pueden bañarse, casi siempre con agua fría. Casi siempre con escasa y mala alimentación, casi siempre sin atención médica. Es como la venganza perfecta contra personas que han hecho mucho daño.
Ocurre que esas personas en algún momento recuperan la libertad, son unos mil por año, es decir, unos 30 cada día. Generalmente son personas con escasa o nula educación, en su mayoría pobres y jóvenes. Muchos sin familia o abandonados, muchos adictos y con graves problemas de salud mental. ¿Y a dónde van cuando salen? Pues lo sabe todo el mundo, la mayoría termina viviendo en la calle. Suena horrible, pero es lógico. ¿Quién les va a dar trabajo o casa? Para sobrevivir tienen que volver a delinquir y cuando los agarran regresan a la cárcel. Allí por lo menos duermen bajo techo y tienen un plato de comida diaria que no deben buscar en un contenedor.
¿Tienen ustedes idea de cuánto nos cuestan estos depósitos de seres humanos o universidades del delito? Con precisión, 13.000 dólares por año cada preso. O sea, 234 millones de dólares anuales.
Probablemente, si a muchos de los que recuperan la libertad les diéramos mil dólares por mes durante un año y alguna ayuda social como salud y educación, lograríamos tener una tasa más baja de reincidencia. Pero muchísimos políticos uruguayos insisten con mandar más gente a la cárcel e incluso no son pocos los que reclaman hacerle la guerra al narco. Ni han estudiado ni conocen lo que pasa en el mundo.
La crisis de seguridad comienza en la cárcel. Lo vienen advirtiendo hace años Álvaro Garcé, Juan Miguel Petit, y lo ha hecho Daniel Radío, aún sin asumir como comisionado parlamentario para cárceles. Los que quieran encarar el tema en serio con la intención de abatir los altos índices de criminalidad, deben empezar por modificar la política carcelaria y hasta reformar el Código Penal.
“Renunciá, Negro”
Apenas se conoció el informe presentado por Diego Sanjurjo, director de AECA, estallaron los reclamos desde la oposición: “Renunciá, Negro”.
Reclamar la renuncia del ministro del Interior es lo que ha hecho la oposición, del signo que sea, a lo largo de muchos años. “Renunciá, Bonomi” fue un latiguillo opositor, pero también lo fue “renunciá, Heber”. Es curioso, pero los textos en los que se explica el reclamo son casi un copio y pego.
En los últimos 40 años solo dos ministros del Interior fueron destituidos. En 1986, después de que se constataran abusos policiales durante razzias organizadas contra jóvenes, Sanguinetti destituyó a Francisco Forteza (hijo), quien apenas duró 4 meses en el cargo. En el 2023 fue destituido Luis Alberto Heber después de que se conocieran detalles de la destrucción de documentos públicos en la Torre Ejecutiva referidos al otorgamiento de un pasaporte al narco Sebastián Marset.
Entre ambos hubo polibandas, mafias policiales, participación de policías en el asesinato del químico chileno Eugenio Berríos, huelgas de la Policía y apaleamento de efectivos, policías vinculados al tráfico de drogas, efectivos que asesinaron a sus parejas, reiterados casos de abuso policial. A ningún ministro se le movió un pelo de la cara.
Todo lo que hemos tenido desde 1985 a la fecha es un crecimiento constante y acentuado de la criminalidad en todas sus formas. E incluso nuevos delitos como el sicariato. Ningún ministro pudo con ello.
Entre tanto oportunismo político, Guido Manini Ríos puso una cuota de sensatez. “Esto no se arregla ni nombrando a Batman como ministro”, sostuvo para explicar que consideraba equivocado pedir la renuncia de Negro.
Lo único que está claro, por lo menos para nosotros, es que haciendo las mismas cosas no se lograrán resultados diferentes.
