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Los datos sobre la pobreza en Uruguay, difundidos por el INE, revelan que 1 de cada 6 compatriotas no logran cubrir el costo de la canasta básica.
Los datos sobre la pobreza en Uruguay, difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) esta semana, revelan que 1 de cada 6 compatriotas no logran cubrir el costo de la canasta básica y que la mayoría de los pobres son niños menores de 6 años.
Es cierto que los números siempre pueden tener diferentes interpretaciones, pero los datos son datos y este trabajo del INE muestra que en el interior, donde vive la mayoría de los uruguayos, hay menos pobres que en la capital. También que la indigencia es casi la mitad en zonas rurales o en localidades de hasta 5.000 habitantes. Y un dato no menor a la hora de los análisis: los cuatro departamentos donde la pobreza es menor, es decir, llega a la mitad que en el resto del país, han sido históricamente gobernados por el Partido Nacional. Colonia, San José, Flores y Maldonado promedian el 8 %, a diferencia del 18,7 % de la capital y Canelones, donde desde hace años gobierna la izquierda.
Sin embargo la pobreza infantil y la de hogares donde las jefes de familia son mujeres parecen ser los problemas comunes a todo el país y más urgentes de resolver.
Cuando se observan los gráficos difundidos por el INE, se aprecia con claridad que hay muchísimos menos pobres en gran parte de la franja costera del país, mientras la mayoría se ubican al norte del Río Negro, o al norte de Avenida Italia y en la zona oeste de Montevideo.
En un informe realizado para Caras y Caretas por la economista María Noel Sanguinetti se afirma que “este panorama se complementa con los datos más recientes sobre distribución del ingreso que refuerzan la idea de una estabilidad que no necesariamente implica mejora sustantiva. El coeficiente de Gini se ubicó en un rango aproximado entre 0,404 y 0,427, mostrando una estructura prácticamente similar a la del año anterior. Si bien puede observarse una leve reducción, la desigualdad se mantiene elevada: el 10 % más rico de la población percibe más de 12 veces los ingresos del 10 % más pobre”.
Bien se puede afirmar entonces que nada ha cambiado: los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Sobre esta base, la teoría del derrame ha sido un fracaso.
El Gobierno de nuestro país tiene ante sí una importante cantidad de desafíos para los cuales se exigen respuestas. La enorme cantidad de gente en situación de calle y la preocupación por el inminente arribo de las bajas temperaturas; la pobreza infantil; la altísima tasa de prisionización; las crecientes desigualdades sociales, entre otros. Problemas todos heredados, de los cuales muy pocos se hacen cargo.
En el tiempo ha crecido una tendencia a medir todo en porcentajes y números. Tal porcentaje de pobreza, tal porcentaje de homicidios, tal porcentaje de gente en la calle. Ocurre que detrás de esos números hay seres humanos, personas que a lo largo del tiempo han sido desatendidas. Tal vez porque carecen de capacidad de lobby.
Y así siguen apareciendo datos que suman nuevos desafíos. En los últimos tiempos el debate público y político se ha centrado en el tránsito y la movilidad ciudadana. Y particularmente sobre cómo reducir en cinco minutos la diferencia de traslado entre Tres Cruces y la Ciudad Vieja.
Pero, ¿en cuánto se piensa reducir el tiempo de viaje en ómnibus entre el Cerro o Colón y el centro capitalino?, ¿o el que afecta a los miles que viajan diariamente en autobús desde el “santoral” de Canelones a la capital?
Más recientemente, una delegación de catedráticos de la Udelar advirtió en una comisión del Parlamento sobre la “extranjerización del suelo urbano”, la “guetización” y la pérdida del “sentido de comunidad”.
Según informó el semanario Búsqueda, “el doctor Marcelo Pérez Sánchez, representante del Programa Integral Metropolitano de la Universidad de la República, advirtió sobre el fenómeno de la extranjerización del suelo urbano, un proceso que, a diferencia de lo que sucede con el suelo rural, no está cuantificado ni suficientemente estudiado en el país. El experto dijo que esta problemática suele quedar invisibilizada porque, mientras en el campo el suelo está ‘desnudo’, en la ciudad siempre se percibe a través de lo edificado. Así, la propiedad de la tierra por parte de capitales extranjeros se camufla detrás de la discusión sobre inmuebles, edificios o proyectos de urbanización. El académico instó a organismos como la Dirección Nacional de Catastro a dar cuenta de este problema creciente”.
El experto también señaló “la tensión existente entre la rentabilidad económica y la calidad de vida”. Pérez Sánchez denunció que “la búsqueda de ganancias en la construcción en altura afecta severamente la habitabilidad de las zonas costeras, al punto que se están violentando derechos básicos de los vecinos como el acceso a la luz natural y al sol. Cada vez necesitamos más electrodomésticos y otros bienes (como aires acondicionados o sistemas de iluminación artificial) para poder dar respuesta a necesidades bastante básicas que el entorno urbano debería proveer de forma natural y gratuita antes de ser bloqueadas por las nuevas edificaciones”. Para Pérez Sánchez, “esta lógica de mercado ignora códigos de convivencia básicos y distancias necesarias”.
Otro aspecto que el catedrático abordó fue la creciente “fractura residencial” que atraviesa a las ciudades uruguayas. Alertó sobre un proceso de segregación donde conviven la “guetización de sectores populares” con el “encierro de los sectores de mayores ingresos” en barrios cerrados, un fenómeno que a su entender no solo afecta la urbanística, sino que también “pone en riesgo la democracia misma”. Si ciudadanos distintos no pueden encontrarse en el espacio público, “se pierde el sentido de comunidad”, afirmó.
La delegación de la Udelar planteó otra dimensión alarmante de la crisis urbana actual al subrayar la paradoja de las “viviendas vacías”. Según dijo Pérez Sánchez, “mientras el censo registra cerca de 300.000 unidades sin habitantes, existe un grave déficit habitacional y hay miles de personas que viven en la calle”. También denunció una persistente exclusión étnico-racial al señalar que el Estado uruguayo reproduce una lógica de expulsión que empuja a la población afrodescendiente hacia las periferias, a lo que también se suma la necesidad de atender las desigualdades en los cuidados y la violencia de género en la ciudad, así como pensar el entorno y la movilidad para la vejez”.
Estos datos también sirven para entender cómo se desarrolla la pobreza.
Políticos y no pocos periodistas suelen poner a Maldonado como el ejemplo de todo lo que está bien. Está limpio, hay inversión, crece la población. Durante muchos años este departamento fue una especie de laboratorio para políticas que luego se intentaron o llevaron a otros lugares del país. Sirvan como ejemplo la privatización del agua potable, la privatización de la recolección de residuos, el desarrollo de barrios privados, los procesos de gentrificación, el desmedido desarrollo de la construcción. La primera fue un desastre que solo sirvió para que una empresa uruguaya y otra vasca, que no hicieron ninguna inversión, saquearan a los vecinos con tarifas desmedidas desde 1994 al 2005. Mantener limpias las calles del departamento cuesta unos 30 millones de dólares por año, es decir 150 millones por el período de gobierno.
Maldonado fue el primer lugar del país en aprobar el desarrollo de barrios privados. En 1978 la Junta de Vecinos de la dictadura aprobó una norma al respecto. Pero en 1994, el entonces intendente blanco, Domingo Burgueño, derogó normativas anteriores y prohibió los barrios cerrados en áreas urbanas y suburbanas. Fue recién en el 2001 cuando se aprobó la ley nacional Nro. 17.292, que regula las urbanizaciones en propiedad horizontal o barrios privados en todo el país. Desde entonces no han cesado de crecer, se ubican principalmente en la franja costera y han tenido su mayor desarrollo entre La Barra y José Ignacio, aunque ahora aparecen por el otro lado, es decir, en Portezuelo y Punta Ballena. Y hay importantes desarrollos en el Eje Aparicio Saravia y el Centro de Convenciones.
Según el catedrático Pérez Sánchez, “en Uruguay hay unos 90 barrios privados, más de la mitad solo en Maldonado”. Agregó otro dato impactante: “Los barrios privados ocupan el doble de superficie que todos los asentamientos del país”.
Los niños de estos barrios no van a la escuela pública. El número de colegios privados con una oferta educativa más amplia ha crecido significativamente. Todos tienen su propio sistema de seguridad. En uno de ellos se instalará una importante cadena de supermercados, un shopping y hasta una reconocida automotora. Pero este desarrollo fue posible a partir del realojamiento del asentamiento que había en el Barrio Kennedy, ubicado justo enfrente. Entonces mejor alejar a los pobres, ese fue el mensaje.
Según el último censo, Maldonado tiene hoy 213.000 habitantes, lo que significa un crecimiento del 24 % en relación a diez años atrás. El mayor de todo el país. Aún así, su infraestructura es débil. La Unidad de Gestión Desconcentrada de OSE logró un fideicomiso de 45 millones de dólares y trabaja diariamente para mejorar el servicio de agua potable. Pero hay importantes retrasos con el saneamiento.
En algunos lugares, como La Barra, son los vecinos y comerciantes los que han pedido a la Intendencia que pare con las excepciones edilicias porque “el sistema de saneamiento está a punto de colapsar”.
Durante el verano que terminó, UTE no logró satisfacer la demanda y hubo cortes periódicos de energía eléctrica, algo inusual durante años pasados. Algo que había sido adelantado por el sindicato del ente (AUTE) durante el período pasado por “la ausencia de inversiones y las carencias de personal”. Ahora se anunció que invertirá 20 millones de dólares para mejorar las líneas de transmisión.
Solo Antel pudo prestar un servicio de calidad.
El exintendente Enrique Antía se jactó en plena campaña que en sus últimos diez años de gobierno “se aprobaron 5 millones de metros cuadrados de construcción”. Entre 15.000 y 20.000 millones de dólares de inversión. Todas obras con importantes excepciones edilicias.
Construcciones en altura que saturan las cañerías de pluviales y entonces el agua termina en ramblas y avenidas. Porque donde antes había una casa, ahora hay un edificio de 25 pisos.
Lo que se ha generado es un caos ambiental y social cuya magnitud es aún desconocida. El actual intendente, Miguel Abella, es consciente del problema y ha anunciado que durante su gobierno “va a parar con las excepciones y atenderá más a los barrios de Maldonado”.
Vaya a modo de ejemplo lo ocurrido la pasada semana cuando llovió intensamente sobre el departamento, que no fueron ni las lluvias más copiosas ni las más extendidas en el tiempo. Varias zonas de las ramblas de la Mansa y de la Brava, así como importantes avenidas se inundaron. Zonas que han concentrado numerosos desarrollos edilicios. También se anegaron algunas zonas de Piriápolis.
Pero tal vez lo peor ocurrió pasando Manantiales, en el Balneario Buenos Aires, con los vecinos de un nuevo barrio privado en construcción llamado El Nido. Los movimientos de tierras en el fraccionamiento modificaron los perfiles de las calles circundantes.
Ello motivó que las casas de muchos vecinos fueran inundadas por torrentes de agua. Hubo gente que perdió todo. En las redes circuló un video tomado por una señora que mostraba su casita y su jardín bajo agua. “Perdí todo lo que durante años había logrado”, decía la mujer, llorando.
Los dueños del Nido ni se enteraron porque aún no viven en ese lugar que hasta promete su propia playa privada con olas artificiales para poder surfear. Uno de los surfistas que compró en el lugar es el expresidente Luis Lacalle Pou. En diciembre pasado, el periodista Ricardo Posse informaba en Caras y Caretas que “Luis Lacalle Pou figura como titular de un terreno de El Nido registrado en el BPS como empresa con el Nro. 5037049 y con el número de obra Nro. 740342576, permiso de obra que ya está aprobado y en trámite el sanitario.
El 19 de septiembre de 2025 se toma la resolución Nro. 08333/2025, donde queda constancia de que se presenta Luis Alberto Lacalle Pou solicitando permiso para construir 267,99 m² (Ley 17.292) en el padrón Nro. 18352/J/002 de la manzana Nro. 406 de Balneario Buenos Aires. La resolución expresa que: ‘Del estudio de la propuesta se desprende que se ajusta a la Ordenanza Vigente Zona 1.4.2. y se resuelve autorizar el permiso solicitado, condicionado a altura de cercos y taludes’.
El 2 de octubre del 2025, en la resolución Nro. 08808/2025, consta que se presentó Luis Alberto Lacalle Pou solicitando permiso para construir piscina 28,18 m² (total 267,88 m²) en el padrón Nro. 18352/J/002 de la manzana Nro. 406 de Balneario Buenos Aires, permiso que fue concedido.
Recapitulemos algunos números: entre el terreno y la casa invertirá un millón de dólares”, decía Pose.
El intendente Abella reconoció “que la infraestructura actual ha sido superada por el crecimiento demográfico y el desarrollo edilicio. Las soluciones superficiales ya no son efectivas. El crecimiento que ha tenido toda Punta del Este ha hecho que los pluviales no estén dando abasto", afirmó.
Es cierto que Maldonado tiene uno de los menores índices de pobreza del país, pero también es cierto que en este departamento las situaciones de injusticia social son tan visibles que se expresan en el crecimiento de la pobreza infantil, en la existencia de asentamientos, en una inundación o en la cantidad de gente que duerme en la calle, ahora ya en Gorlero y cuadras aledañas.
Porque no todo lo que reluce es oro.