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Para el senador (s) Diego Olivera, el fracaso de la LUC en materia de seguridad es evidente porque su enfoque estuvo mal dirigido desde el principio.
Según Diego Olivera, senador suplente del Frente Amplio e integrante de la lista al Senado de la 95, la Ley de Urgente Consideración (LUC), promovida por el gobierno de Luis Lacalle Pou no solucionó los problemas de seguridad, "es un fracaso", afirmó.
Entrevistado en el programa "Pasaron Cosas" de Caras y Caretas, Olivera señaló que la LUC fue presentada como una herramienta destinada a fortalecer la autoridad policial y ofrecer un respaldo que supuestamente la policía no tenía. Esto se reflejó en la expansión del accionar policial mediante el endurecimiento de penas y un menor control jurisdiccional sobre sus acciones. La promesa era que estas medidas conducirían a una sociedad más segura, sin embargo, los resultados fueron opuestos. Según el senador, "claramente eso no funcionó".
El problema principal, afirmó, radica en que las políticas de mano dura y el aumento de penas no abordan los problemas estructurales de la violencia ni del crimen organizado, fenómenos en crecimiento en Uruguay. En particular, la LUC no logró contrarrestar el aumento de homicidios ni la influencia del narcotráfico, que se convirtió en un actor poderoso dentro del territorio nacional.
Para Olivera la LUC exacerbó la criminalización de los eslabones más débiles dentro de las economías ilegales, especialmente jóvenes en situación de exclusión social y mujeres, quienes muchas veces son cooptados por redes del narcotráfico para cumplir roles en el último tramo de la cadena delictiva. Esta política de represión sin un enfoque integral llenó las cárceles de personas vulnerables, convirtiéndolas en espacios incontrolables, donde el crimen organizado se fortalece aún más.
El senador (s) sostiene que Uruguay está viviendo un proceso similar al de otros países latinoamericanos que aplicaron políticas de mano dura, en los que la violencia se incrementó y las cárceles se convirtieron en centros de poder para organizaciones criminales. "Todo eso, eso que ya ha pasado en otros países latinoamericanos, es lo que hoy estamos viendo en Uruguay", advierte Olivera.
Incluso desde el propio gobierno se reconocen las limitaciones de la LUC en materia de seguridad. Olivera mencionó el caso de Diego Sanjurjo, asesor colorado que planteó la necesidad de un "enfoque dual", es decir, que no se puede depender únicamente de la represión para enfrentar la inseguridad.
Sanjurjo señaló la importancia de implementar un enfoque preventivo, recuperar la presencia del Estado en los barrios más vulnerables y atender a las causas sociales de la criminalidad. Sin embargo, Olivera criticó que estas ideas fueron adoptadas por el gobierno demasiado tarde y que su implementación es muy limitada.
Frente a este panorama, Olivera planteó lo que él considera es el camino que debe seguir Uruguay para mejorar la seguridad pública. La propuesta del programa del Frente Amplio, se centra en tres pilares fundamentales.
Prevención social del delito: En lugar de centrarse en la represión, se necesita trabajar en las causas profundas de la criminalidad, como la pobreza y la exclusión social. Esto implica una mayor presencia del Estado en los territorios vulnerables, proporcionando apoyo social y económico a las comunidades.
Profesionalización de la policía: Olivera subraya la importancia de contar con una policía más capacitada y eficiente, que actúe con un enfoque profesional y no simplemente represivo.
Reforma del sistema penitenciario: Para evitar que las cárceles se conviertan en focos de poder del crimen organizado, es fundamental reformar el sistema penitenciario, garantizando mejores condiciones de detención y más oportunidades de rehabilitación para los presos.