Ferrari agregó que una persona que se retira a los 65 años de edad con 30 años de aportes recibe con el actual régimen “55% de tasa de reemplazo”, mientras que, según lo dispuesto en el anteproyecto, “recibirá 45%” en promedio. El director en representación de los jubilados y pensionistas apuntó además que, “al mes de iniciada la ley”, se verán afectadas las jubilaciones por incapacidad física, las pensiones de sobrevivencia, vejez e invalidez y el seguro transitorio por incapacidad. Ese fue el primer punto de la presentación del informe.
El segundo fue el financiamiento de la seguridad social. Según Ruiz, en el anteproyecto presentado por el presidente Luis Lacalle Pou “no hay ninguna medida que apunte a mejorar el financiamiento del sistema previsional”. “La convocatoria a la Comisión de Expertos estuvo inspirada en un problema de sostenibilidad, es decir, que lo que se recauda no alcanza para pagar las prestaciones, pero en este anteproyecto están faltando medidas que apunten a crear nuevas fuentes de financiamiento”, afirmó el director en representación de los trabajadores.
Al respecto, Ferrari expresó que “habría que discutir si es sólo con el aporte obrero y patronal que se puede financiar la seguridad social”. A su entender, en el país hay “exoneraciones” que, aunque “no decimos que hay que eliminarlas”, “sí decimos que hay que analizarlas”. A modo de ejemplo, mencionó los beneficios fiscales de la educación privada, las instituciones deportivas y los cultos religiosos.
Por último, el tercer punto que destacaron los directores del BPS fue que la propuesta del gobierno, a su criterio, consiste en una reforma “jubilatoria” y no en una reforma “integral” de la seguridad social. Para Ruiz, el anteproyecto debería “contemplar otros componentes”, tales como el sistema nacional de cuidados y la primera infancia.
Al cierre, Ruiz criticó a Lacalle Pou por “incumplir” su promesa electoral de no aumentar la edad de retiro "a los que hoy están trabajando" y reclamó la construcción de una reforma previsional “entre todos”, con “diálogo social y político”. La del gobierno, subrayó, “es injusta y no es solidaria”.
