El pasado fin de semana, Freire encabezó una larga caravana de vehículos, mientras algunas decenas de personas lo aplaudían desde las veredas. Luego, en un acto organizado, habló de “Dios” y agradeció a “sus amigos y familia el que nunca le soltaran la mano”.
Dos habitantes de Noblía consultados por Caras y Caretas dijeron que “era mentira que el pueblo lo había recibido con caravana y vítores. En realidad, la caravana de vehículos llegó desde Melo y eran todos adherentes del Partido Nacional. De Noblía y en la calle habría unas 50 personas”.
Por otro lado, y en las últimas semanas, la Fiscalía desbarató una asociación para delinquir integrada por abogados, policías y funcionarios de la salud. El caso denominado “Caranchos” liquidó una amplia red delictiva que obtenía datos reservados de accidentes de tránsito para contactar a las víctimas y estafar a los seguros.
Policías, enfermeros y choferes de ambulancia avisaban de inmediato cuando ocurría un accidente de tránsito. Gestores y abogados recibían esa información confidencial para buscar a los lesionados como clientes. Entonces presionaban a las víctimas para gestionar el Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA) y quedarse con una parte o la totalidad del dinero de las indemnizaciones.
Uno de los abogados también se desempeñó como policía y otra profesional era defensora de uniformados. Se estima que la asociación delictiva comprende a unas 60 personas ubicadas en casi todo el país, de las cuales apenas una veintena han sido condenadas, pero la investigación continúa.
Los policías condenados, cinco mujeres y cuatro hombres, pertenecían a las jefaturas de Montevideo, Canelones y Maldonado. Una de las funcionarias había recibido un premio y reconocimientos oficiales por su labor en la Unidad de Respuesta Policial Móvil (URPM) de Pan de Azúcar.
Que un sector de un partido político, cualquiera sea, se organice para ovacionar a un corrupto y que una policía, respetada en su pueblo y por la institución que integra, haya aceptado cometer un delito solo por ganar unos pesos más son actos reveladores de cuán grave es el problema. Ni hablar de los abogados que han denigrado su profesión.
Cuando la corrupción asegura votos
Muchos dirán que de la ética no se vive y de las gauchadas, sí. Y ese parece ser un modelo de gobierno instalado hace décadas en el interior del país.
Separado de Cardona (Soriano) por la vía férrea y a unos 100 kilómetros de Colonia se encuentra el municipio de Florencio Sánchez. Desde el año 2014 José Luis Sánchez se desempeñaba como alcalde, hasta que en el 2018 fue investigado en Fiscalía por los delitos de asociación para delinquir, fraude, concusión, cohecho calificado, falsificación ideológica y encubrimiento.
Al hombre de “las mil gauchadas” se le terminó su tiempo. En el 2020 fue condenado y remitido a prisión junto a su esposa, dos de sus hijos, una nuera y otros funcionarios del municipio.
Los familiares de Sánchez eran parte de la estructura delictiva y política que funcionó en Florencio Sánchez. Una de sus hijas era suplente de su padre, y su nuera era concejala. Además, otro de sus hijos era edil departamental por el Partido Nacional.
Pero tal vez lo más curioso sea que una hija llamada María del Luján Sánchez fue condenada por la Justicia en el 2021, destituida en el 2023 y electa alcaldesa en el 2025. Para los blancos de Florencio Sánchez fueron más importantes las “mil gauchadas” que la ética política.
Pasó con los Caram en Artigas, condenados levemente por corruptos, separados de su partido, pero usando a un hombre de su plena confianza como intendente regresaron al poder menos de un año después. Y con la anuencia del partido que antes los había separado.
Pasó con los ediles de los tres partidos acomodados con importantes salarios por el entonces presidente de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande y actual intendente de Salto, Carlos Albisu. En el 2023, presionado por el escándalo público, renunció a la CTM. Pero dos años después fue electo intendente de Salto. El dinero pesó más que la ética.
En marzo del 2025, el intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, fue formalizado un año antes por presuntos delitos contra la administración pública, incluyendo abuso de funciones, peculado y cohecho. Durante ese proceso penal, se le impuso de forma preventiva el arresto domiciliario con tobillera electrónica, lo que afectó su campaña electoral, de la que no pudo participar. Aún así, y por amplio margen, fue reelecto intendente.
En marzo de este año, la jueza de Mercedes, Ximena Menchaca, resolvió el sobreseimiento definitivo de Besozzi y otros seis exjerarcas municipales. La decisión se tomó luego de que la Fiscalía, liderada por Luisa Vago, solicitara el archivo de la causa debido a que los hechos investigados no constituían delitos de corrupción y no existían pruebas suficientes para sostener una condena en juicio. Aunque en realidad lo que ocurrió fue que la Policía no preservó la encriptación de las pruebas, por lo que se consideró que podían ser alteradas y por lo tanto no válidas. Besozzi asumió su cargo vanagloriándose de su inocencia.
Pero seis meses después una nueva denuncia vuelve a complicarlo. Ahora ediles del Frente Amplio y del Partido Colorado han denunciado un gasto excesivo en reparaciones de vehículos municipales. Y denuncian que uno de los favorecidos es un edil blanco y suplente del intendente mientras duró su proceso.
Gustavo Bares, director general de Obras de la Intendencia de San José, fue denunciado por ediles y ciudadanos josefinos por usar materiales, maquinaria y personal de la intendencia para reformar y mantener una casa donde reside en las afueras de la capital departamental. Además, como la construcción no está regularizada, paga contribución como terreno baldío y no paga impuesto de Primaria. Por estas horas, la Intendencia discute la estrategia para enfrentar las denuncias y proteger al acusado.
En Maldonado, el exintendente Enrique Antía adjudicó durante su gobierno una casa a una señora, que entonces era su pareja extramatrimonial y hoy vive con ella, además de otorgarles un cargo en la Intendencia a ella y a su hijo. A los votantes blancos no les importó este abuso de poder, así como tampoco que los ediles se hubieran votado su propio sueldo, ni que tres expresidentes de la Junta Departamental hayan defraudado a su organismo, ni que se hubiera acomodado con subrogaciones a más de un centenar de familiares de jerarcas y dirigentes blancos. El Partido Nacional logró el gobierno por tercera vez consecutiva y con más votos que nunca. Ser corrupto rindió más que ser ético.
