La primera investigaba supuestos sobreprecios en la compra de gas licuado (GNL) durante su Gobierno.
En el segundo expediente se investigaban los presuntos sobornos que habían pagado empresarios para obtener las concesiones para construir corredores viales.
La vicepresidenta electa fue desvinculada de ambas causas por el tribunal de segunda instancia, que no obstante confirmó el procesamiento de la legisladora en otro caso vinculado al de los cuadernos que indaga sobre la cartelización de la obra pública.
En esa causa hay más de un centenar de acusados, entre empresarios y funcionarios.
La causa de los cuadernos, de la que se desprendieron otras nueve causas, salió a la luz tras una investigación publicada en el periódico argentino La Nación que denunciaba a la exmandataria como jefa de una asociación ilícita que presuntamente operó entre 2003 y 2015.