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En el programa Legítima Defensa, Jhony Saldivia (AUTE) alertó sobre pérdidas en UTE y cuestionó los acuerdos por el hidrógeno verde.
El presidente de AUTE, Jhony Saldivia, cuestionó el rumbo de los proyectos de hidrógeno verde en Uruguay y advirtió sobre posibles pérdidas económicas para UTE, falta de transparencia en los acuerdos y fuertes impactos territoriales, especialmente en Paysandú.
Entrevistado en el programa "Legítima Defensa", de Caras y Caretas, Saldivia señaló que el sindicato comenzó a estudiar el tema “ya hace un par de años”, cuando el entonces ministro Omar Paganini presentó la hoja de ruta del hidrógeno verde, que luego se transformó en la estrategia de “hidrógeno verde y combustibles derivados sintéticos”.
Según explicó, desde AUTE entendieron que UTE tendría “un rol fundamental” en ese proceso, dado que la producción de hidrógeno requiere enormes volúmenes de energía eléctrica renovable. “Cuando empezamos a definir un poco cómo era el proceso, veíamos que la cantidad de energía eléctrica renovable que necesita es tremenda”, afirmó.
El dirigente explicó que en la hoja de ruta vigente —que proyecta metas hacia 2040 y luego 2050— prevé multiplicar casi por ocho o nueve la potencia instalada en energías renovables no convencionales, principalmente eólica y fotovoltaica. “Es un cambio considerable”, sostuvo, y agregó que el plan "ponía a trabajar a todo el Estado" —UTE, ANCAP y el sistema educativo— "para salir a disputar ese mercado".
Sin embargo, el dirigente manifestó preocupación por la concentración energética y los impactos territoriales. Actualmente existen dos proyectos en carpeta: uno de gran porte en Paysandú (conocido como proyecto GIF, hoy en manos de la firma Global) y otro de mediana escala en Tambores, Enertrack, con capitales alemanes.
Sobre el emprendimiento en Paysandú, Saldivia indicó que “las alarmas las tenemos prendidas”, aludiendo a su cercanía con la ciudad argentina de Colón. La planta se ubicaría frente a sus playas, a unos 2.500 o 3.000 metros. “Te vas a entrar en la playa, en la reposera con la sombrilla y vas a tener la planta enfrente”, graficó. A su juicio, la iniciativa podría generar un conflicto binacional y afectar la actividad turística de la zona.
El proyecto, además de la planta industrial, prevé la instalación de un parque eólico y fotovoltaico de gran escala. “Va a igualar la cantidad de potencia instalada que hoy hay en Uruguay”, afirmó. Es decir, un solo emprendimiento concentraría una capacidad equivalente a toda la instalada actualmente en esas fuentes.
En el plano económico, la principal preocupación del sindicato radica en el precio de la energía. Saldivia explicó que, según lo planteado inicialmente, la empresa estimaba comprar electricidad a unos 40 dólares el megavatio, mientras que UTE adquiere energía a privados a un promedio cercano a los 80 dólares. “Si UTE compra esa energía a 80 y la vende a 40, pierde plata”, resumió.
De acuerdo con análisis internos y pedidos de informes, esa diferencia podría generar “una pérdida arriba de los 70 millones de dólares anuales”. El dirigente remarcó que buena parte de la energía que comercializa UTE proviene de contratos firmes con privados en el marco del cambio de matriz energética, por lo que vender por debajo de esos costos implicaría un subsidio indirecto.
También cuestionó la falta de acceso a la información. Recordó que durante el gobierno anterior se firmó un memorándum con cláusulas de confidencialidad y que, ante pedidos de acceso a la información pública, las organizaciones recibieron un documento “todo tachado, no decía nada, la fecha, el nombre”. Señaló además que en diciembre se firmó un nuevo memorándum con la empresa y reiteró la preocupación por el precio final que se acuerde.
"Tenemos que salir a dar la discusión”, expresó Saldivia.