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La Confederación de Funcionarios de la Salud Pública (COFE) anunció que presentará un recurso administrativo y de inconstitucionalidad contra el decreto reglamentario firmado por el Gobierno el pasado 21 de julio, referente a las licencias médicas en el sector público.
COFE asegura que la firma del decreto fue unilateral y sin convocatoria a una negociación colectiva, lo cual consideran violatorio de las normas legales vigentes en Uruguay. El decreto establece un descuento del 25% del salario si las certificaciones médicas superan los 9 días continuos o fraccionados en un año.
La confederación sostiene que este decreto afecta el salario de los trabajadores públicos en situaciones de enfermedad, sin haber pasado por instancias de negociación colectiva. También critican que, además del descuento salarial, el decreto establece que, si el monto del subsidio por enfermedad supera los $67.042, se aplicará el IRPF, lo que implica una doble carga para los trabajadores.
COFE considera insólito el artículo 24 del decreto, que no define con claridad qué enfermedades estarían exentas del descuento, dejando a los funcionarios la tarea de probar después, mediante una petición administrativa, si el descuento se aplica o no.
La confederación reclama que en casos de enfermedades complejas, como las oncológicas o cardiológicas, los trabajadores deberán probar que se encuadran en las excepciones previstas para evitar el descuento.
COFE acusa al gobierno de buscar recortar gastos a expensas de la salud de los trabajadores, sin considerar otras alternativas ni respetar la negociación colectiva.
Diversos actores del Gobierno han mencionado supuestos abusos en el uso de licencias médicas, pero según COFE, las estadísticas muestran que el promedio de días de certificaciones médicas en el sector público es de solo un 3%, similar al del sector privado.
Ante estas consideraciones, COFE presentará un recurso administrativo contra el decreto y también un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, argumentando que el régimen establecido en el decreto es manifiestamente inconstitucional, vulnerando el principio de igualdad, la negociación colectiva y el principio de proporcionalidad.