«Nuestras discrepancias con esta política rigorista son diversas, pero la fundamental es que se cree que el problema de los menores infractores se arregla aumentando las penas. Eso llevaría a una reconfiguración general del Inisa, ya que no es lo mismo trabajar con menores infractores, que en el peor de los casos tienen 22 años, a manejarse con hombres de 27 años. Luego, parece incomprensible que esto se haga cuando la cantidad de menores que tienen penas ha bajado respecto a años anteriores. Hoy tenemos 300 infractores en dependencias del Inisa, cuando pocos años atrás teníamos 800. En síntesis, nos preocupan los efectos que este incremento de las penas tenga en el sistema, ya que con el puro aumento de la punitividad el tema de la minoridad infractora no se soluciona», concluyó.