La causa se inició a partir de una denuncia realizada por el comisionado parlamentario para cárceles, Juan Miguel Petit, tras constatar la existencia de documentos que simulaban ser informes del Comisionado Parlamentario, solicitando traslados y cambios en las medidas cautelares o en las condiciones de reclusión. La fiscal Ferrero por su parte detectó al menos tres casos de informes falsificados del comisionado y se continúa investigando a fin de hallar otras documentaciones.
La jueza María Helena Mainard había autorizado la prisión domiciliaria de González Bica, solicitada en base a presuntos problemas de salud por la abogada Acosta —ahora imputada—, y el uso de una tobillera electrónica. La fiscal de Estupefacientes, Mónica Ferrero, se había manifestado contraria a esa decisión.
González Bica había sido arrestado en junio de 2022 transportando 420 kilos de cocaína en un furgón que simulaba ser una ambulancia en la ruta 8 en Treinta y Tres. La droga había sido ingresada al país en una avioneta y cargada en Cerro Largo antes de ser trasladada a Montevideo.