En segundo lugar recuerda las medidas cautelares en manos del Poder Judicial sobre la pertinencia normativa del proyecto Neptuno.
Y finalmente señala los cuestionamientos públicos por la transferencia de más de U$S 300 millones desde el Estado hacia el capital privado.
Asimismo, rechaza el “escenario generado por la fiscal Gabriela Fossati” contra la Federación de Funcionarios de OSE (Ffose) y “particularmente contra su presidente, en tanto configura una judicialización del legítimo derecho a la actividad sindical, la cual no generó ningún perjuicio ni físico ni material”.
Para la Intersocial “llevar los asuntos sindicales al ámbito judicial como primera respuesta o como vía preferencial para dirimir conflictos sindicales es una tendencia asociada a un proceso de derechización que le hacen mucho daño a las sociedades y al ejercicio de las libertades públicas”.
Finalmente expresa “toda nuestra solidaridad con el sindicato de OSE, su presidente y todo el movimiento sindical”.