Los detenidos están siendo investigados por su presunta implicación en la adulteración de documentos, presentados en algunos casos para lograr condiciones de reclusión más beneficiosas.
Juan Antonio González Bica, un narcotraficante condenado en febrero pasado por múltiples delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y otros cargos, se encontraba bajo prisión domiciliaria después de que un médico forense certificara su estado de salud crítico debido a patologías crónicas que requerían un tratamiento riguroso y constante.
La jueza María Helena Mainard había autorizado la prisión domiciliaria y el uso de una tobillera electrónica a pesar de la oposición de la fiscal de Estupefacientes, Mónica Ferrero.
El 30 de agosto, la Fiscalía informó a la Justicia sobre la fuga de González Bica, lo que llevó a la emisión de una orden de detención y el cierre de fronteras. La abogada Mercedes Acosta, quien había solicitado la prisión domiciliaria para su cliente debido a sus problemas de salud, renunció al caso una semana antes de la fuga.
González Bica fue arrestado en junio de 2022 transportando 420 kilos de cocaína en un furgón que simulaba ser una ambulancia en la ruta 8 en Treinta y Tres. La droga había sido ingresada al país en una avioneta y cargada en Cerro Largo antes de ser trasladada a Montevideo.
