“Hoy nos alarmamos porque hemos visto en los últimos años un ataque sistemático que se ha generado por diferentes representantes nacionales, un ataque que ha sido mediático”, añadió.
Por su parte, el abogado Antonio Rammauro, integrante del grupo Memorias de la Costa, hizo referencia a los ataques que el instituto recibió en el último tiempo de parte de referentes políticos de la coalición de gobierno.
“En algún momento dijeron: vamos por todos y cerramos la Inddhh. También dijeron: vamos a revisar los cometidos, porque las competencias de control que tiene son excesivas”, señaló Rammauro.
“Que los controlen desde el Estado no está bueno parece, justamente cuando la Inddhh se crea para eso, para controlar las acciones y omisiones del Estado en cuanto a vulneraciones de los Derechos Humanos”, agregó.
Rammauro también mostró preocupación en torno a que “cuando nos enfrentamos al momento de elección de las nuevas autoridades, desde el sistema político se comienza a hablar de partidización, de reparto, de cuotas políticas”.
Por el contrario, recordó que la Ley 18.446 “lo que trata es de separar los Derechos Humanos de los que es la gestión de un gobierno en particular”.
“No es casual que la propia ley plantee una elección a mitad de período. Este consejo (directivo) que se elije ahora es por cinco años y va a controlar a parte de este gobierno y a parte del que venga después, sea del signo que sea”, manifestó.
El abogado habló además de “otras llamadas de alerta en este período”. En ese sentido, mencionó que “han habido notas de prensa” en las que se expresa que “se pretende hacer una preselección de todos los candidatos, cuando la ley es muy clara y dice que los únicos que no pasan para consideración de la Asamblea General, son aquellas personas que no cumplen con los requisitos que plantea la ley”.
“De lo que nos desayunamos en estos días es que va a haber una preselección. Contra eso nos pronunciamos en contra”, sostuvo Rammauro, al tiempo que pidió “absoluta transparencia en este proceso de selección”.
Para las organizaciones sociales que convocaron a la conferencia, la transparencia exigida supone que se “ponga a disposición de la ciudadanía todas las proposiciones que hubo, con las organizaciones o personas que las han propuesto, y con los currículums de cada persona, para que sepamos quienes pueden ser que nos representen”, concluyó Rammauro.
