«El costo total y financiamiento de esa partida especial para atender el impacto económico y social de la pandemia, como quedó establecido en el acuerdo, hecho público además apenas se firmó, se reparte de la siguiente manera: más de un 50 % lo financiaron los empresarios de la construcción; un 23 % aproximadamente lo financiaron los trabajadores al aportar un jornal de la licencia generada y el equivalente a un jornal del aguinaldo, dichos montos fueron retenidos por el BPS en el caso de los trabajadores incluidos en la Ley 14.411 y por las empresas en el caso de los trabajadores no incluidos en esta ley».
El sindicato afirma que «el costo que asumió el gobierno de esa partida no es el 100 % como se trasladó en la conferencia de prensa».
Además, los trabajadores rechazaron que «el gobierno se atribuya como iniciativa propia una medida que se tuvo que tomar precisamente ante la ausencia de respuestas desde el propio gobierno».
En la misiva, el Sunca «rechaza que se desconozca los resultados de la negociación llevada adelante principalmente entre las partes involucradas, en el marco de la negociación colectiva, en medio de la pandemia. Si esta negociación no hubiese existido y no se hubiera llegado a este acuerdo, que amparó a las y los trabajadores, miles más hubiéramos ingresado al seguro de paro, el costo se hubiera triplicado, generando ahí si un costo superior para el Estado. Además de mayor incertidumbre para las y los trabajadores».
Finalmente, el sindicato de la construcción «reclama al gobierno la firma del decreto presidencial que garantice que las y los trabajadores con edad avanzada y enfermedades preexistentes (tratamientos oncológicos, diabetes con casos insulina dependientes , trasplantes), así como las compañeras embarazadas, sean certificados y accedan a una cobertura especial que preserve su salud y sus ingresos en medio de esta crisis. Aspecto que también se acordó en la negociación y que el Poder Ejecutivo aún no cumple».
